La Asamblea actualizó este lunes el índice de información reservada de su portal de transparencia, que incluye 20 aspectos de reserva de información. Algunos de los expedientes reservados son: licitaciones públicas, contrataciones directas, órdenes de compra, acuerdos de Presidencia y junta directiva, planillas de pago de salarios, informes de auditoría interna entre otros.
Una de las reservas con más duración es la de la Dirección General de Protocolo y Relaciones Internacionales, puesto que ocultará por siete años (el máximo que permite la ley) documentos sobre itinerarios de vuelos de misiones oficiales designadas por acuerdo de Junta Directiva, asistencias de viajes (seguro de viajes) a diputados/as y empleados/as de esa institución, así como las carpetas técnicas para la realización de misiones oficiales.
“Queda reservada toda esta información porque pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona. Y podría generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”, justifica la Asamblea en su portal de transparencia.
Ante esto, el coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), Wilson Sandoval, lamentó que detrás de estas reservas de información se lesiona el derecho de los salvadoreños a conocer qué se hace con sus impuestos.
“Ahora no podremos conocer información sobre agendas de viaje de los diputados. Tampoco sobre la información de expedientes relacionados a elecciones de segundo grado. Es un retroceso, contrario a lo que la Asamblea prometió a la ciudadanía: transparencia”, dijo.
Reservas sin justificación
Este ocultamiento de información riñe con la promesa de los diputados oficialistas de combatir la corrupción y la opacidad en el seno del Legislativo. Lejos de abrir las puertas a la rendición de cuentas y la contraloría ciudadana, emulan una de las prácticas más comunes de los actores políticos del pasado: reservar información sin justificación.
Defensores del derecho a la información cuestionaron esta acción y señalaron que vulnera derechos constitucionales y atenta contra la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, consideró que “no solo es un retroceso, sino que es una vulneración a nuestros derechos constitucionales como ciudadanos: el derecho a informarnos, el derecho a escrutar, el derecho a identificar información relevante, derechos de contenido fundamental”. Además explicó que “la Sala de lo Constitucional ha dicho desde hace varios años que tenemos derecho a estar informados”.
El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, consideró que “no solo es un retroceso, sino que es una vulneración a nuestros derechos constitucionales como ciudadanos: el derecho a informarnos, el derecho a escrutar, el derecho a identificar información relevante, derechos de contenido fundamental”. Además explicó que “la Sala de lo Constitucional ha dicho desde hace varios años que tenemos derecho a estar informados”.
Sáenz indicó que con esto la Asamblea violenta el derecho de todos los ciudadanos a conocer información importante, relevante, así como la manera en que se están gastando los fondos públicos.
“No hay ninguna justificación para esta vulneración adicional que está cometiendo la Asamblea, y el llamado es a que sean consecuentes con la transparencia que pregonan y predican a los cuatro vientos, pero parece que se queda en eso, en una prédica sin ningún contenido”, opinó.
“¿Alguien afín al partido Nuevas Ideas tiene una explicación para esta ilegalidad? ¿Por qué reservan información que por ley es pública si el que nada debe nada teme?”, cuestionó en su cuenta de tuiter, Ruth Eleonora López, Jefa Jurídica Anticorrupción de Cristosal.
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Sáenz indicó que con esto la Asamblea violenta el derecho de todos los ciudadanos a conocer información importante y relevante, así como la manera en que se están gastando los fondos públicos.
“No hay ninguna justificación para esta vulneración adicional que está cometiendo la Asamblea, y el llamado es a que sean consecuentes con la transparencia que pregonan y predican a los cuatro vientos, pero parece que (su lucha anticorrupción) se queda en eso, en una prédica sin ningún contenido”, opinó.
“¿Alguien afín al partido Nuevas Ideas tiene una explicación para esta ilegalidad? ¿Por qué reservan información que por ley es pública si el que nada debe nada teme?”, cuestionó en su cuenta de tuiter, Ruth Eleonora López, Jefa Jurídica Anticorrupción de Cristosal.
Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, no dudó en expresar su rechazo: “Esto es el colmo”, escribió en sus redes sociales.
Escobar añadió que, con estas reservas de información, “estamos ante una nueva afrenta al derecho de acceso a la información pública por parte de Nuevas Ideas y el presidente de la República, Nayib Bukele”.
Récord de opacidad
Desde su toma de posesión, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa han emprendido diversas acciones para sacudirse de encima la rendición de cuentas y los balances de poder necesarios en una democracia y fundamentales para evitar que su autoridad derive en un autoritarismo y en graves excesos.
En su primer día de trabajo, quienes hicieron campaña contra la corrupción, destituyeron de forma forzosa, apresurada e ilegal al fiscal general de la República, Raúl Melara.
El ahora ex fiscal general tenía en su poder al menos 12 expedientes de posibles irregularidades cometidas en al menos 5 instituciones de gobierno durante la pandemia que le fueron remitidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Además, los legisladores oficialistas se sacudieron a la Sala de lo Constitucional que previno abusos de poder de la administración Bukele.
Pocos días después, aprobaron de forma apresurada una ley que blinda las compras realizadas en pandemia aun si presentan irregularidades. Sus plenarias son, además, poco deliberativas e iniciativas de gran impacto para los salvadoreños se aprueban de manera exprés siempre que vengan desde el Ejecutivo.
Esto contrasta con su retórica anticorrupción y los aparentes esfuerzos que hacen por perseguir casos pasados, muchos de ellos fenecidos, aun si esto riñe con la Constitución. Mientras interrogan de forma abusiva a exfuncionarios, ocultan información de su propia gestión.