En una democracia, aun los grandes ganadores de contiendas electorales deben someterse a las normas y las leyes. Esto es lo que separa precisamente las prácticas democráticas de una “tiranía de las mayorías”.
Hoy, El Salvador se adentra a un terreno previamente inexplorado. Por primera vez en su joven historia democrática, el país experimentará que un partido tenga el poder casi absoluto de dos poderes del Estado.
Hoy se instala la nueva legislatura 2021-2024 en la que el oficialismo tiene 55 de 84 escaños, por lo que supera con comodidad la mayoría simple (43 votos) para emitir y superar leyes, y con ayuda de aliados en GANA, PDC y PCN tiene suficientes apoyos para la mayoría calificada (56 votos) que le permite, entre otras cosas, aprobar deuda y hacer elecciones de magistrados, fiscal, procuradores, entre otros.
A diferencia de este periodo de control casi absoluto del legislativo, nunca un partido en el poder en El Salvador había alcanzado la mayoría simple y mucho menos la calificada. Por ello, en el mejor de los casos, se requería de diálogos políticos entre bancadas. Salvo episodios de confrontación, los salvadoreños han estado acostumbrados a plenarias nutridas de debate y deliberación.
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Vale decir que en el Legislativo también hubo perversiones como compra de votos, transfuguismo por conveniencia económica y negociaciones de madrugada o de espaldas a la población, pero también hubo casos de discusiones de fondo y eso es esencial en una democracia en crecimiento.
¿No hay necesidad de dialogar?
El 24 de abril, el nuevo diputado y posible nuevo presidente del Legislativo, Ernesto Castro, tuiteó: “Se los diré una vez más: vamos a dialogar ¡ÚNICAMENTE con el pueblo!”
Con esto, pareció adelantar que no necesitarán discutir con los diputados opositores, a quienes sus colegas de bancada consideran “los irrelevantes”. Y, numéricamente hablando, tiene razón.
Sin embargo, en El Salvador es parte de un precepto constitucional que las leyes sean deliberadas previo a ser aprobadas. Además, hay amplia jurisprudencia constitucional que así lo indica. Así que, para que sus leyes tengan legitimidad y para distanciarse de prácticas poco democráticas que han criticado, los nuevos legisladores deberán mostrar a la población que entienden los efectos de lo que votan y están dispuestos a discutir sus pros y contras.
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Al respecto, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana dijo a este medio que “hay un principio básico de la actividad parlamentaria: la deliberación” por medio de la cual se trae a la luz los beneficios o problemas sociales que traiga una nueva ley o reforma a una existente.
“No hay un margen para que simplemente en automático se apruebe leyes sin haberse deliberado”, añade y explica que de hacerlo se exponen a demandas de inconstitucionalidad y que la Sala debería aplicar la jurisprudencia existente.
Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, explicó que “la Sala de lo Constitucional ha señalado en su jurisprudencia que en la actividad legislativa el debate, la libre discusión, y la deliberación no pueden faltar cuando se aprueben decretos legislativos, esto implica que debe permitirse a los distintos grupos parlamentarios que expongan sus posiciones y puntos de vista”.
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Por su parte, Ruth Eleonora López dijo que “todo decreto requiere de deliberación excepto cuando por urgencia (algo que debe ser acreditado) se aprueba con dispensa de trámite”.
Es decir, la nueva Asamblea entra con el ímpetu de un amplio mandato que le otorgó gran parte de la población, eso es indiscutible.
Sin embargo, esto no les exime de respetar principios legislativos y, más importante, de mostrarle con transparencia a la población los efectos de lo que piensan avalar y dar la oportunidad a la oposición, que representa a otro tanto de ciudadanos, a que emita sus posiciones.
No hacerlo sería darle la espalda a la democracia que han celebrado desde su triunfo.