Con 66 votos del oficialismo y sus aliados, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles un dictamen para quitar la inmunidad al diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, para que sea procesado por los cargos que la Fiscalía le atribuye de fraude electoral y negociaciones ilícitas.
La abogada penalista Marcela Galeas asegura que el hecho es ilegítimo porque la potestad de quitar el fuero a un diputado centroamericano corresponde al PARLACEN y no a la Asamblea Legislativa.
“Ellos no pueden quitarle el fuero a un diputado que no pertenece a la Asamblea Legislativa de El Salvador porque Norman Quijano pertenece al Parlamento Centroamericano. Que ellos estén haciendo este tipo de procedimientos es irregular, carece de legitimidad y es de manera ilegal”, valoró Galeas.
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Los diputados de la bancada de Nayib Bukele y aliados aseguraron que le Asamblea sí tiene competencia en el caso, amparados en la Constitución que afirma que la Asamblea puede desaforar a los funcionarios para que respondan por actos comunes u oficiales.
“Ahí no dice si es diputado nacional o del Parlamento Centroamericano”, justificó Numan Salgado de GANA. Pero Galeas explica que precisamente porque la Constitución habla de manera general, eso no incluye a los diputados del PARLACEN, quienes están sustentados en un tratado constitutivo del que El Salvador es firmante.
“Lo que dice (la Constitución) de manera general que le pueden quitar el fuero a los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no a los del PARLACEN? Porque el PARLACEN primero se crea bajo un tratado constitutivo que ese obedece al derecho internacional. De ese tratado se desglosa un reglamento interno, que sí establece el procedimiento para quitarle el fuero a uno de sus diputados, que pudiera ser el caso de Norman Quijano, pero eso se establece desde el artículo 29 al 33 del reglamento de ese organismo el procedimiento y los efectos de quitarle el fuero a un diputado del PARLACEN”, dijo la abogada.
Los aliados del oficialismo concurrieron con sus votos y defendieron el dictamen. “Esta Asamblea tiene toda la competencia para quitar el fuero a alguien. Quien los ha elegido es el pueblo salvadoreño, no es Panamá, u otro país centroamericano”, dijo el pecenista Reynaldo Cardoza.
Norman Quijano, mientras tanto emitió un comunicado en el cual considera haber sido víctima de un atropello, dado que la inmunidad le debe ser retirada por el PARLACEN.
“Hoy se ha consumado un atropello más a mis derechos fundamentales como ciudadano. Lo han intentado de todas formas, atropellando la Constitución y demás leyes de la República: esta vez, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centro Americano que en el artículo 22 del Capitulo Segundo establece Las Inmunidades y Privilegios de los Diputados Centro Americanos y que reza: El Parlamento Centroamericano a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de los diputados”, manifestó el excandidato presidencial.
Quijano también se declaró “perseguido político” por las acusaciones que el hace la Fiscalía afín al oficialismo.
“Recurriré a las instancias internacionales pertinentes para hacer valer mis derechos, ya que en mi patria con el régimen actual, no hay garantía de justicia para los que defendemos la República y sus instituciones democráticas”, manifestó.
Buscan “desviar la atención” de los señalamientos de Estados Unidos, dice ARENA
En horas de la mañana, la bancada legislativa de ARENA se retiró de la sesión plenaria porque a su juicio solo el organismo regional puede retirar la inmunidad de uno de sus miembros.
“La fracción de ARENA queremos comunicar al pueblo salvadoreño que nos hemos levantado de esta sesión plenaria de desafuero del diputado del Parlacen Quijano porque desde el principio hemos sostenido que la Asamblea Legislativa de El Salvador no es competente para conocer del proceso de desafuero de un miembro del Parlamento Centroamericano”, dijo el jefe de fracción de ARENA René Portillo Cuadra.
A juicio del diputado tricolor, el oficialismo realiza esta sesión plenaria para “desviar la atención” de los señalamientos de Estados Unidos al Director de Centros Penales Osiris Luna y el Director de Tejido Social, Carlos Marroquín, de encabezar negociaciones en nombre del Gobierno con las pandillas en un contexto electoral.
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“A 48 horas de haber conocido que el Gobierno de El Salvador pactó con pandillas beneficios carcelarios y económicos hacen esta sesión plenaria especial para desviar la atención de las declaraciones que ha dado el departamento de Justicia y el departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vincula claramente a funcionarios de este gobierno con negociaciones ilegales con estructuras de pandillas que ya son clasificados a nivel internacional bajo estructuras criminales”, dijo Portillo Cuadra.
La Fiscalía acusa a Quijano de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por presuntas negociaciones con pandillas en 2014, cuando era aspirante presidencial por ARENA.
La comisión especial emitió “un dictamen único para declarar que hay lugar a formación de causa en contra del diputado del Parlamento Centroamericano” la semana pasada.
La abogada de Quijano, Dora Ruíz, consideró “que en la prueba documental y testimonial ofertada por los fiscales no son suficientes los hechos notorios, como se han mencionado, para poder vincular indicios mínimos de participación sobre ilícitos penales de agrupaciones ilícitas y fraude electoral”.
Pero abogados en el país coinciden que el desafuero de un diputado al Parlamento Centroamericano no es competencia de la Asamblea Legislativa, sino del mismo ente regional.
La abogada penalista Marcela Galeas ha sostenido que “el procedimiento para retirar inmunidad de un diputado del Parlacen le corresponde a dicho organismo, no a la Asamblea”. La experta recomendó leer el Tratado Constitutivo del ente, cuya sede central se encuentra en Guatemala.
Galeas ahondó en el tema y dijo que “la contradicción no es entre instrumentos legales, sino intelectual, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en su sección 1ª sobre observancia de los tratados y aplicación del Pacta sunt servanda en relación con la Constitución de Articulo 89 y 144 es clara”.
En ese sentido opinó que “no es posible alegar el incumplimiento del Derecho interno, incluida la Constitución, como justificación para no cumplir una norma de Derecho Internacional, sobre todo viniendo de legisladores”.
Otros expertos han señalado que el reglamento interno del Parlacen, el cual entró en vigencia el 27 de mayo del 2015, estipula en el artículo 29 que: “la petición para la suspensión de la Inmunidad Parlamentaria de una Diputada o Diputado Centroamericano debe ser dirigida a la Presidenta o Presidente del Parlacen, contenida en un suplicatorio, que debe ser remitido, por la autoridad competente del Estado solicitante”.