“El órden público solo lo puede decretar la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entonces no es una ley que va a tener efectos retroactivos, aunque así lo pretenda la Asamblea y por más que lo diga, ningún juez va aplicar así por efectos retroactivos”, afirmó el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Saénz, en relación a la nueva ley de salud aprobada por los diputados de Nuevas Ideas ayer.
Al respecto, este medio conversó con abogados constitucionalistas quienes aseguraron que hay una disposición constitucional que es clarísima cuando dice que las leyes no deben tener efectos retroactivos.
Saénz destacó que es retroactivo “salvo en asuntos penales y cuando la ley penal sea más favorable al delincuente, así como cuando una ley sea de orden público, pero esta no lo es”.
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Daniel Olmedo, director de Asuntos Legales de la ANEP, hizo referencia a la sentencia de inconstitucionalidad 132-2013 la Sala de lo Constitucional que aclara que corresponde a la Sala proceder al análisis de tales normas para determinar si una ley es o no de orden público.
Olmedo consideró que es insuficiente que la Asamblea califique una ley de “orden público” para entender que lo es y que tiene efectos retroactivos y aseguró que será la Sala de lo Constitucional la que finalmente otorgará tal carácter.
El abogado Eduardo Escobar también destacó que la Constitución plantea dos posibilidades para que la ley sea retroactiva.
“Blindar a las personas que intervengan en la compra de medicinas, por ejemplo, ¿será eso del orden público? El tema acá es que el orden público podría ser asegurar la provisión de las medicinas, no proteger a las personas que puedan participar de esos procesos, porque entonces también se está abriendo la ventana para la corrupción”, razonó Escobar.
También consideró que aparte del tema de la retroactividad, lo que están haciendo con esta ley “es beneficiar a quienes han sido señalados por un manejo irregular de fondos públicos en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia”.
La LACAP en la nueva ley de salud
Escobar manifestó que con esta ley se está estableciendo los controles o la falta de controles que va a aplicarse o que van a estar vigentes durante una emergencia.
“O sea, para eso lo están haciendo y ahí pues ellos están obviamente limitando o restringiendo o eliminando los controles. Entonces es una medida para aparentemente tener agilidad en la toma de decisiones, pero en realidad lo que están haciendo es dar vía libre para que puedan realizarse transferencias o utilización de fondos públicos sin observar mayores reglas. Y esto sin duda afecta el tema del correcto uso de los fondos. Puede propiciar corrupción”, señaló.
Para Manuel Escalante, doctor en Derecho Constitucional no debería llamarse ley de salud. “Creo que yo no lo llamaría una ley de salud, esto no tiene que ver con la salud, es más bien una ley de impunidad”.
A su juicio, es una ley de impunidad porque está eliminando los derechos de las de las pacientes que puedan ser víctimas.
“Ahora están prácticamente liberándose del control de la LACAP y permitiendo que la administración compre con sus criterios propios, sin controles”, advirtió Escalante.