El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) sancionó a un diputado y dos exdiputados, por intervenir en la contratación de familiares por parte de la Asamblea Legislativa.
Uno de los sancionados es el diputado Adelmo Rivas, de GANA (fallecido recientemente).
“Este Tribunal informa la sanción a Santos Adelmo Rivas Rivas, Diputado de la Asamblea Legislativa, con una multa por $1,562.67, por haber infringido el deber ético regulado en el artículo 5 letra c); en razón que intervino en el procedimiento de contratación de su hijo para que este último ejerciera el cargo de Asistente de la Asamblea Legislativa; de igual forma, intervino en los aumentos de salario realizados a dicho señor durante los años 2016 y 2019”, informó el TEG, en Twitter, el pasado 10 de junio.
LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL
El artículo 5, literal c) dice: Toda persona sujeta a esta Ley debe cumplir los siguientes deberes éticos:c) Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge,conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés.
Un día antes, el TEG informó de la sanción impuesta al ex diputado Manuel Orlando Cabrera Candray, con multa por $1,510.20, por haber intervenido en el procedimiento de contratación de su sobrino para ejercer el cargo de Asistente Administrativo en la Asamblea.
Ese mismo día, informó que multó con $3,020.40, al exdiputado Abilio Orestes Rodríguez Menjívar por intervenir en contratación de su sobrino en la Asamblea.
Los casos de presunto nepotismo en la Asamblea Legislativa que se han conocido a través de publicaciones periodísticas ha sido por el derecho a la información regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Hasta mayo de este año, esa institución era una de las pocas que proporcionaba los listados de todos sus empleados.
Sin embargo, eso ya no ocurrirá más debido a que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), bloqueó el acceso a esos listados días antes de que la nueva legislatura entrara en funciones.
Según el presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, los nombres y otros detalles sobre funcionarios públicos sólo podrán ser conocidos por particulares “cuando exista consentimiento de los titulares de los datos, servidores públicos o en los casos contemplados en el artículo 34 de la LAIP”.
Esta decisión aparece en un escrito firmado por Gómez Guerrero, como respuesta a una consulta realizada por el oficial de información de la Universidad de El Salvador.