Militarizar Asamblea elevó riesgo de crisis económica, concluye foro

La universidad Francisco Gavidia realizó un conversatorio en el que expertos vincularon los recientes excesos de poder del presidente con el comportamiento de la economía.

Foto EDH Violeta Rivas

Por Violeta Rivas

Feb 27, 2020- 06:10

“Si el presidente hubiera apresado a todos los diputados el 9 de febrero, al día siguiente nos etiquetan de poco democráticos, nos sacan (de la consideración) del Parlamento Europeo y de toda la cooperación, el flujo de préstamos no pudiera estar viniendo al país, a los dos o tres días habría una recesión bien grande”, manifestó Juan Meléndez, coordinador para El Salvador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

Meléndez participó junto a Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); y Javier Castro, director del departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en el foro “El Salvador actual: Institucionalidad democrática o presidencialismo”, realizado ayer por la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

La actividad es el 52° foro permanente que realiza la entidad educativa en el programa denominado “Aportando Soluciones”.

El coordinador del NIMD explicó que la militarización de la Asamblea Legislativa no es un juego, ya que las repercusiones económicas de lo que pudo haber pasado habrían hecho retroceder 50 años al país y estuviéramos en un recesión económica complicada.

“Eso ya lo pasó Honduras en el 2009. Hay que ver cuántos empleos se perdieron, hay que ver cuántas empresas se fueron; la democracia no hay que minimizarla”, indicó Meléndez.

Javier Castro, de Fusades, explicó que la Fuerza Armada debe estar subordinada a la orden del comandante general del ejército, que es el presidente de la República, pero dentro del marco que dice la Constitución: “La Fuerza Armada le debe fidelidad a la Constitución y a la patria, y todas las órdenes que reciba deben estar enmarcadas dentro de lo que dice la Constitución, sino esa orden es inconstitucional”, recalcó.

La opinión de Castro se basa en la resolución que hizo la Sala de lo Constitucional ante la convocatoria del Consejo de Ministros a una plenaria extraordinaria, la cual fue anulada por el tribunal constitucional.

Castro explica que la resolución de la Sala es correcta porque señala que existen posibles violaciones al principio de división de poderes, además de mencionar que se hace un posible uso ilegítimo de la fuerza, tanto de la Fuerza Armada como la PNC.

“Hace énfasis en que tanto la Fuerza Armada como la PNC no pueden intervenir en actividades de tipo político, y además recalca que están ceñidas a lo que dice la Constitución”, sostiene.

Roberto Rubio, de Funde, expresó que una concentración de poder no le conviene al país: “ARENA le servía de contrapeso al Frente y el Frente a ARENA (…) los contrapesos son buenos si son bien usados. Con ese poder que se tiene en la Presidencia, se intenta romper con el Ejército todo lo que hemos venido construyendo, y convertir al ejército en su base principal de poder, entonces ese presidencialismo nos va a salir caro porque no hay muros de contención”, indicó.

Añadió que no se está perdonando lo que hizo el partido ARENA ni el FMLN, pero “se observan muchas señales de corrupción en este gobierno”, debido a que ocultan información, “y eso lo dice el Instituto de Acceso a la Información, es donde más problemas estamos encontrando para obtener información”, como el caso del viaje del director de Centros Penales, Osiris Luna, o de los gastos del Organismo de Inteligencia del Estado. “En opacidad este gobierno no se queda muy adelante de los anteriores”, dijo.

Rubio reconoció que las gestiones de ARENA como la del FMLN fueron corruptas, pero que eso no implica automáticamente que todo lo que viene después sea automáticamente bueno. “No crean lo que les dicen, fíjense en el pasado, en lo que hizo (Nayib Bukele) en la alcaldía, fíjense en lo que está haciendo ahora, no debemos segarnos a que unos son los buenos y otros los malos”, expuso a los asistentes al foro.

Añadió que no se puede gobernar al país publicando tuits, porque lo que el país necesita es la presencia de un líder que esté presente haciendo frente a las problemáticas.

Javier Castro, de Fusades, además expresó su preocupación por la difusión de noticias falsas y llamó a validar la información de redes sociales, especialmente la de gobierno.

Agregó que hay una obligación del mandatario que está en la Constitución, que es que debe procurar la armonía. “El reto es respetar la institucionalidad”, expresó.

Meléndez dijo que la democracia está integrada por la ciudadanía, la sociedad política y el Estado, y recordó que no se puede quitar la sociedad política (los partidos políticos) porque son los que representan la diversidad de ideologías.

Agregó que lo sucedido el 9 de febrero demostró las verdaderas intenciones de algunas personas del Gobierno y que es preocupante el respaldo de algunos ciudadanos.

El objetivo en general del foro es conocer la fotografía política general del país, pero estos sucesos del 9 de febrero hicieron girar la conversación casi exclusivamente en torno a los abusos recientes de poder.

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