Con la reforma a la Ley General de Electricidad acordada el jueves en la Comisión de Economía, se ratifica la decisión del gobierno de darle más autonomía a sociedades como LaGeo e Inversiones Energéticas (INE), cuestionadas en el pasado por corrupción y en las que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), tiene participación.
La principal reforma que es criticada por la oposición política, por abogados y economistas, es la de eliminar la obligatoriedad que tienen dichas sociedades por Constitución de ser autorizadas por la Asamblea para acceder a concesiones del Estado.
La diputada del FMLN, Anabel Belloso, expresó que no acompañarán las modificaciones a la ley, dijo que se dejan algunos elementos que no quedan claros y que podrían en un futuro poner en riesgo los recursos públicos.
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Ejemplo de lo anterior es que en el proyecto de reformas se mantiene que las concesiones que vengan de sociedades como LaGeo e Inversiones Energéticas (INE) en donde el Estado a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) tiene participación, no pasarán por autorización de la Asamblea.
“Nosotros mantenemos nuestra posición con estas que ahora se han aprobado no acompañar, hay elementos que generan y pueden generar de cara al futuro incertidumbre a la población en cuanto a los recursos públicos, en cuanto a que se deja la excepción a otorgar concesiones, independientemente del porcentaje que tenga la CEL en otras asociaciones privadas y eso lo planteamos ahora en la mesa”, dijo Belloso.
El martes pasado la bancada oficialista votó por reformar la Ley Orgánica de la CEL para establecer que las concesiones con LaGeo y la INE no pasarán por aval de la Asamblea, contraviniendo la Constitución en su artículo 120 que obliga a que en toca concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea para su aprobación.
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Para armonizar ese punto de las concesiones, el Ejecutivo sustituye el inciso primero del artículo 5 por el siguiente: “La generación de energía eléctrica a partir de la explotación de recursos hidráulicos y geotérmicos, requerirán de concesión aprobada por la Asamblea Legislativa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. Ello no será aplicable a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, ni a las sociedades mercantiles en las que directa o indirectamente esta tenga participación”.
El presidente de la CEL, Daniel Álvarez, justificó que la intención es dejar claro ese punto para no cometer los mismos errores que se dieron con la concesión entre CEL y ENEL. Añadió que con las reformas a la Ley General de electricidad se logrará mejorar el pliego tarifario en beneficio de la población.
La decisión de reformar ambas normativas fue criticado por analistas económicos y abogados como inconstitucional, además, que se le está dando más autonomía a LaGeo e INE, señaladas de corrupción en el pasado.
Desde la fundación de la INE, se dejó el dinero producido por LaGeo en manos de la CEL, y a través de ella en las del gobierno, todo sin control de la Corte de Cuentas de la República.
El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, dijo que la reforma a la Ley Orgánica de la CEL hace que la normativa pierda sentido puesto que “es como crear sociedades anónimas privilegiadas versus sociedades anónimas que no tienen ese privilegio”.
Además, explicó que con las modificaciones se da una violación constitucional. Señaló que según la Constitución esas concesiones las tiene que conocer la Asamblea “Aunque fuera de la CEL, porque la CEL no es el Estado, siempre tiene que conocerla la Asamblea”, aclaró.
El abogado destacó que por otro lado está el hecho de que ambas empresas pueden hacer cualquier cosa y no tenga control político.
“No se conocerá qué tipo de concesiones van a utilizar ellos, que tan estratégicas son, si son concesiones que vale la pena o no, todo ese tipo de cosas no se conocerán”, advirtió.
El economista Rafael Lemus, expresó que las reformas a la CEL son inconstitucionales, en atención al artículo 120 de la Constitución que reza que en toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea para aprobación.
Señaló que el presidente de la CEL, “mintió” a los diputados de la comisión de Economía al aseverar que ahora las inversiones serán transparentes, ya que para eso debió “nacionalizar” las acciones que tiene la autónoma con las sociedades de capital privado LaGeo y la INE.