Con 65 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves trasladarle $3 millones del Fondo General de la Nación de 2020 al Ministerio de Salud Pública para que pueda beneficiar con seguro de vida a los médicos, enfermeras y personal sanitario que están en la primera línea de combate al COVID-19. También para dotarlos de equipos de protección para no contagiarse con la enfermedad.
La Asamblea acordó desviar los fondos para darle vida al decreto legislativo que había sido aprobado el uno de abril pasado, pero que no se aplicó porque 20 días después el presidente Nayib Bukele lo vetó por “inconstitucional”, aduciendo que aplicar la medida provocaría un “desequilibrio presupuestario” y que son decisiones que deben ser tomadas por el Ejecutivo para saber si el Ministerio de Hacienda cuenta con los recursos financieros disponibles para dicho cometido, entre otras razones.
Pleno Legislativo aprueba, con 65 votos, reformar la Ley de Presupuesto, en la parte correspondiente al ramo de Salud por US$3,000,000.00 pic.twitter.com/126blpbr9A
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) July 2, 2020
La Comisión de Hacienda también se reunió esta tarde para discutir la Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica con la que se busca beneficiar a microempresarios del sector formal afectados por la emergencia del COVID-19.
El Gobierno presentó la propuesta de dividir el fideicomiso en $360 millones para capital de trabajo de las empresas, $100 millones destinados al apoyo del sector informal y $140 millones para cubrir el 50 % del salario de los empleados de las medianas, pequeñas y micro empresas que fueron afectadas por el cierre causado por la enfermedad.
Los fondos provendrán de un préstamo por $1,000 millones que aún no ha sido negociado por el Gobierno.
Tras finalizada la sesión, los diputados dijeron que continuarán el lunes con el análisis de la propuesta.
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Quienes incumplan con esa disposición administrativa se exponen a una sanción que sería impuesta por el Consejo Superior de Salud Pública, consistente en trabajo de utilidad pública de entre 50 a 100 horas de forma obligatoria.
Además, si el ciudadano no cumple con el trabajo de utilidad pública en el tiempo y forma en que fue impuesto el Consejo podrá cambiar la sanción a una económica de $100 a $200 dependiendo de la capacidad económica del infractor, la gravedad, las circunstancias en que se cometa la infracción y el incumplimiento reiterado de la misma.
También podría conocerse un proyecto de ley transitoria, promovido por el FMLN, para que se difiera por tres meses el pago de los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía e internet (como se hizo en marzo, abril y mayo) debido a que la población ha resultado afectada por la disminución de ingresos económicos a raíz de las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia.
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La disposición se aplicaría a las facturas de junio, julio y agosto de este año. Los recibos se podrán cancelar en un período de hasta 24 meses en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado.
En la propuesta, el valor de la factura por los servicios que se difiere su pago no deberán sufrir recargos por ningún concepto de mora, intereses u otra penalidad; es decir que solo será el valor del servicio pendiente el que se trasladará en pagos parciales. Se excluirá de la aplicación del decreto el pago de las tasas municipales cargadas en la factura del servicio de energía eléctrica.