Asamblea modifica $1,000 millones de deuda y la vuelve más cara

Además, aprobaron un nuevo crédito de $50 millones de refuerzo adicional para enfrentar el COVID-19 y una reorientación de $30 millones para la Presidencia de la República, de los cuales, $4.3 millones son para el OIE.

Durante la plenaria, los diputados aplaudieron a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien presentó una propuesta de regularización de lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional. Foto EDH / Jessica Orellana

Por Eugenia Velásquez

Jun 22, 2021- 10:58

Los diputados modificaron dos decretos legislativos que habían sido aprobados el año pasado. Se trata de $924 millones que serán para financiar brecha presupuestaria de 2021. Los fondos son parte de los $2,000 millones para la pandemia; y de $138.7 millones también para complemento del presupuesto de 2021.

Las reformas a los decretos legislativos 608 y 804 respectivamente aprobados en 2020, consisten en facultar al Ministerio de Hacienda gestionar $1,062 millones por medio de la colocación de Títulos Valores, un mecanismo que impone una tasa más alta de interés por el pago de la deuda, reclamó la diputada del FMLN, Anabel Belloso.

Al tiempo que modificaron la adquisición de la deuda, también aprobaron un nuevo crédito de $50 millones para reforzar el combate al COVID-19.

Algunos de estos movimientos financieros fueron cuestionados por diputados de la oposición política de ARENA y el FMLN, ya que entre las reformas está la modificación de contratar por medio de Títulos Valores $138.7 millones que están pendientes de gestionarse por parte del gobierno para cubrir déficit fiscal del presupuesto de 2021.

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En su momento, la anterior Asamblea avaló que esos recursos se destinaran al financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Fiscal de 2021; pero el gobierno solicitó que se modifiquen las condiciones para adquirir esos fondos, a través de un crédito puente que es lo que aprobaron los diputados ayer.

La reforma consiste en que los $138.7 millones ya no serán buscados mediante créditos con la banca internacional, sino a través de la emisión de Títulos Valores, algo que para la diputada Belloso, del FMLN, trae como consecuencia un interés más alto por la nueva deuda.

Belloso explicó que cuando el gobierno presentó el proyecto de presupuesto del presente año, la brecha fiscal era de más de $1,200 millones, pero haciendo los ajustes pertinentes se redujo a $138.7 millones y se dejó establecido que ese dinero debía contraerse a través de créditos para obtener mejores condiciones.

“Se puso que este recurso extra fuera gestionado y es el artículo que hoy están reformando que decía, a través de créditos, todos también en el marco de la gestión de recursos por la pandemia fuimos testigos de cómo hicieron historia colocando títulos valores con la tasa de interés más alta de todos los tiempos, 9.5% en aquél momento, porque es una forma de adquirir financiamiento más cara, para que no se ocupara ese mecanismo se dejaba de una manera clara que esa deuda extra se gestionara a través de créditos buscando mejores condiciones para la población que es la que paga a través de sus impuestos”, recordó Belloso.

Dejó entrever que a lo mejor el gobierno está acudiendo a la emisión de Títulos Valores porque ha hecho uso desmedido del endeudamiento con los organismos financieros internacionales.

¿Quién sabe ahora bajo qué condiciones, luego de que aprobaran una ley inconsulta como la Ley Bitcoin ¿cuánto costará colocar Títulos Valores en el país? tendrá sus consecuencias cuando nos toque pagar una alta tasa de interés”, criticó Belloso.

Entre las aprobaciones realizadas ayer también está una petición del Ejecutivo que ingresó el 14 de junio a la Asamblea, en el que se detalla un refuerzo por $30 millones para la Presidencia de la República, de los cuales, $4.3 millones son para el Organismo de Inteligencia del Estado. De estos fondos, para el rubro de Inteligencia del Estado van $3 millones; para Protocolo del Estado $559,000; y para Seguridad del Estado $756,000.

A criterio de dos abogados expertos en derechos humanos y transparencia, esta redirección de fondos puede tener un trasfondo oscuro para no rendir cuentas de los dineros que maneja la Presidencia de la República; y para profundizar “el seguimiento” a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.

“El aumento del presupuesto del OIE evidencia la resistencia a transparentar los gastos de Casa presidencial que se ejecutan a través del OIE, lo que implica que, en tiempos de persecución política, fondos públicos sean utilizados para la compra de tecnología que les garantice mayor seguimiento y control, tanto de los periodistas como de los defensores de derechos humanos, incómodos por sus señalamientos frente a las actitudes opacas y violatorias del gobierno”, afirmó la abogada Ruth Eleonora López, hace unos días.

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El gobierno justifica este refuerzo presupuestario mediante la modificación del Gasto de la Nación de 2021, debido a que, en el decreto legislativo del 23 de diciembre de 2020, la anterior legislatura hizo una disminución de las asignaciones de la Presidencia de la República y de sus oficinas adscritas por $53.4 millones.

Otros $1,174 millones de fondos de los $2,000 millones que la Asamblea autorizó en marzo del año pasado para enfrentar la pandemia, también fueron reorientados a reforzar el presupuesto del presente año.

De ese total, el gobierno informó a los diputados que han logrado obtener mediante varios créditos un total de $1,076 millones, pero les resta por conseguir $924 millones, los cuales, piden se trasladen a cubrir brecha presupuestaria de 2021.

También avalaron $20 millones de un presupuesto extraordinario que era para medicamentos y equipo médico para combate del COVID, pero que ahora se irá para financiar el déficit fiscal del presupuesto de 2021, ya que el Ministerio de Salud no pudo gestionar en su momento los trámites respectivos para adquirir insumos y equipo médico.

También se reorientaron $1.3 millones al Instituto de Bienestar Magisterial; y $1.2 millones al presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

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