Diputados y Gobierno retomarán este martes análisis de dos propuestas de ley para regular cuarentena y abrir economía

La mesa de trabajo será reanudada a las 10:00 de la mañana. Ya hay consensos en algunos artículos.

El diputado Rodolfo Parker (PDC), el secretario privado de Presidencia, Ernesto Castro; y Mario Ponce, presidente de la Asamblea. Foto EDH / David Martínez

Por Eugenia Velásquez

May 25, 2020- 22:00

La discusión entre los diputados y los funcionarios del Gobierno por una nueva ley que regule la cuarentena y la apertura económica a raíz del COVID-19 ha pasado por varias controversias. Hasta la noche del lunes, los legisladores y representantes del Ejecutivo habían logrado consensos en algunos artículos, pero decidieron finalizar la jornada y retomar el análisis hasta el martes a las 10:00 de la mañana.

El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, sostuvo que para el martes se prevé llegar a un acuerdo definitivo.

Más temprano Castro había argumentado que los legisladores debían estudiar el proyecto de ley de emergencia que presentó el Gobierno la semana pasada y no solo relegarlos a dar observaciones a la ley que avaló la Asamblea de ley sanitaria transitoria hace una semana. Exigió a los diputados ser parte y no solo invitado.

Durante la mañana, se acordó el título de la ley, así: “Ley especial transitoria para la atención integral de la vida y la salud y la declaratoria del estado de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y a la reapertura de la economía”.

 

TAMBIÉN: Gobierno propone ley de cuarentena con apertura a largo plazo

Los representantes del Gobierno aclararon también que la fecha de reapertura económica, definida para el 6 de junio, deberá modificarse porque los 15 días de cuarentena estricta no se han implementado, esto debido al limbo jurídico existente.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, hizo ver las principales diferencias que tienen entre sí las dos leyes, una de ellas, es que en la del Ejecutivo se imprime el carácter de emergencia nacional. Con este mecanismo el Gobierno puede seguir contratando servicios e insumos sin mayor control de la LACAP.

Para discutir el proyecto han diseñado un cuadro comparativo que está siendo discutido.

Durante la tarde, la posibilidad de que laboratorios privados puedan realizar la prueba del COVID-19 y que los hospitales particulares también reciban para su tratamiento a pacientes positivos a la enfermedad, generó discordias entre Castro; el ministro de Salud, Francisco Alabí y los diputados.

El jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, admitió que la mayor diferencia entre la propuesta del Ejecutivo y la de la Asamblea está el tema de la emergencia.

La reunión se da después de que miembros del gabinete de gobierno convocaron para establecer un diálogo, luego de que el viernes por la noche la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revivió el Estado de Emergencia contemplado en el decreto 593, aprobado el pasado 14 de marzo por el órgano Legislativo.

El pasado jueves, después de una serie de confrontaciones entre el Ejecutivo y el Órgano Legislativo, el Gobierno presentó en la Asamblea un nuevo proyecto de emergencia que contempla regulaciones a la cuarentena domiciliar y la apertura escalonada y a largo plazo de la economía después de 15 días de que la ley entre en vigencia.

Según el presidente de la Asamblea, dicho documento contiene un 80% del contenido de la ley sanitaria integral que fue aprobada por la Asamblea días atrás.

El proyecto de ley contempla distintos aspectos en una sola normativa denominada: “Ley de Reapertura de la Economía, de Atención Integral a la Vida y la Salud y Declaratoria de Estado de Emergencia en relación a la Pandemia por COVID-19”.

Sin embargo, abogados consultados sobre la propuesta del presidente Nayib Bukele resienten que si bien contiene mejoras en relación al decreto de emergencia que venció el 16 de mayo y resuelve algunas disposiciones dictadas por la Sala de lo Constitucional en torno a los decretos emitidos por el Gobierno, sigue manteniendo la parte sancionatoria para quienes incumplen la cuarentena de ser llevados a centros de detención sin que medie una evaluación médica que así lo disponga.

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