Que la información oficiosa que se publica en los portales web de las instituciones sea la única a la que puede acceder la población y no atender las peticiones de información adicionales que realice la ciudadanía para conocer el uso de los recursos del Estado, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), enfrentó el martes a los diputados con funcionarios del Gobierno que están analizando desde hace dos días el diseño de una nueva ley que regule la cuarentena, que mantenga la emergencia nacional y que de paso a la apertura gradual de la economía.
Durante la tarde, el plan de apertura económica que se desarrollará en fases también fue parte del análisis de los diputados con los funcionarios del Gobierno. Al respecto, Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, dijo que aceptaban enviar un plan de reactivación económica a la Asamblea dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la nueva ley de cuarentena y apertura económica que aún siguen discutiendo los parlamentarios. La propuesta fue de la Asamblea y aceptada por el Gobierno.
También hubo controversia entre los legisladores y los funcionarios del Gobierno por el tiempo en que las personas que retornan del extranjero deberán pasar en cuarentena. Para el Gobierno deben ser 15 días de proceso que los compatriotas deben permanecer.
El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, expuso que necesitan 7 días de plazo para realizarles las pruebas y otros 8 días para entregarles el resultado de su prueba de COVID-19 e incluso alargarse hasta más de 15 días dependiendo de los resultados.
En cambio, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, insistió en que el periodo no debe sobrepasar de 12 días, 7 días para hacerle la prueba y 5 días más para obtener su resultado y si resultare negativa enviarlo a su casa a cuarentena domiciliar obligatoria, pero no seguirlos manteniendo en el centro de contención, como pretende el Gobierno.
Los diputados también analizaron si las personas mayores de 60 años deberán regresar de inmediato a sus labores una vez concluya la cuarentena domiciliar, ya que en la ley que aprobó la Asamblea en este punto se definió que ese grupo poblacional podrá no presentarse a su trabajo y no por ese motivo ser objeto de despido.
En este punto, el ministro de Salud, Francisco Alabí, explicó que en el caso del personal de salud, no pueden cumplir a dedillo ese aspecto, dado que la mayor parte del equipo sanitario son personas mayores de 60 años de edad y es personal indispensable.
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La discusión se centró en que quienes tengan más de 60 años de edad que padecen de enfermedades crónicas no se presenten a trabajar, pero que en el resto quedará a discreción del patrono o de la institución si es necesario o no que se presente a su lugar de trabajo.
A manera de ejemplo, Mario Ponce, presidente de la Asamblea, expresó que hay diputados que sobrepasan los 60 años y si ese es el caso ya no deberían presentarse a la Asamblea. Agregó que hay personas mayores de 60 años de edad que siguen siendo vitales en sus funciones, por lo que la discusión se centra en que podrán o no presentarse a trabajar.
Los diputados también se enfrascaron en la extensión de plazos judiciales durante 15 días más y que las instituciones estén obligadas a resolver peticiones de información a través de las unidades de información pública, pero Conan Castro secretario jurídico, explicó que no es conveniente porque se expone a todos los empleados gubernamentales de dichas oficinas estatales.
De acuerdo a Castro sólo deben entregarse la información oficiosa en las páginas web, algo que fue rechazado por la diputada Cristina Cornejo del FMLN, pues aseguró que el GOES debe entregar datos de como se ejecutan los fondos para la emergencia.
Ponce añadió que en este momento es urgente que el país tenga una ley que le permita al gobierno “direccionar” su política para atender a los pacientes con COVID-19 y evitar más contagios. Añadió que espera poder llamar a plenaria esta misma tarde si hay un acuerdo de la reunión. Sin embargo, eso no ocurrió puesto que la discusión se alargó hasta las 10 de la noche.
Mario Ponce acordó reanudar la reunión el miércoles a partir de las 9 de la mañana.