Tras escuchar durante dos días a epidemiólogos, infectólogos, abogados y economistas y académicos, los diputados de la Comisión Política acordaron el martes recoger los insumos que les dieron y diseñar una propuesta para implementar “cuarentenas controladas focalizadas”.
A ese punto en común llegaron los profesionales que acudieron al llamado de la Asamblea para analizar la propuesta del Gobierno de aprobar una ley que suspende tres derechos fundamentales a nivel nacional: libertad de circulación, reunión y libre elección de domicilio.
Según el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes y el presidente de la Asamblea Mario Ponce, del PCN, el común denominador de las rondas de consulta los lleva a eso: a determinar cordones sanitarios específicos de acuerdo al número de contagios y muertes por zonas y municipios a consecuencia del COVID-19 y no a una cuarentena obligatoria rígida a nivel nacional como lo exige el presidente Nayib Bukele.
TAMBIÉN: Abogados advierten que el Ejecutivo no ha justificado un régimen de excepción
Los diputados lamentaron que ningún funcionario del Gobierno se hizo presente el lunes y martes a la mesa de discusión que la Asamblea llevó a cabo para ver la viabilidad de un nuevo régimen de excepción como lo plantea el Ejecutivo.
“Hasta este momento necesitamos la presencia del ministro de Salud, porque el ministro de Salud es el que tiene toda la información, el decreto por sí solo no salva a nadie, necesitamos un conjunto de acciones acompañadas a este decreto, sino vamos a pasar los mismos 30 días que tuvimos y no logramos absolutamente nada. Quién diga que se logró algo es mentira, no tuviéramos el número de contagios y de fallecidos que tenemos a este momento”, lamentó Ponce.
Reyes también externó que es de lamentar que no hayan estado los funcionarios del gobierno, pero al terminar la reunión con especialistas, expresó que ya cuentan con los insumos y será este miércoles en una nueva reunión de la Comisión Política que determinarán qué hacer, pero destacó que todo apunta a que será necesario tomar cuarentenas controladas de manera focalizada.
“Los expertos nos han dicho que lo que se debe hacer es una cuarentena controlada por zonas. Hay municipios que no tienen ningún caso”, apuntó Reyes.
La diputada del FMLN, Nidia Díaz, adelantó que se redactará un nuevo proyecto, “no el que quiere el Ejecutivo, (con cuarentena) total”, pero se retomarían elementos de decretos legislativos que fueron vetados por Bukele, como el 648 que contiene la Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
“En el proyecto del Ejecutivo va a encontrar parte de los consensos que tuvimos en el 648, o sea que no se están inventando muchas cosas nuevas, pero sí entran los elementos de restricciones y eso es lo que no compartimos”, apuntó Díaz.
La Comisión ha programado una nueva reunión para este miércoles a las 3 de la tarde.
Gobierno pide otra cuarentena de 15 días y restringir libertad de circulación
Gobierno se basa en “suposiciones”
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional expuso ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que la propuesta de Órgano Ejecutivo de decretar un nuevo estado de excepción por 15 días para contener la propagación del COVID-19 no cumple con las exigencias de la jurisprudencia constitucional, según lo establecido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por tratarse de suspensión de derechos fundamentales de la población, resguardados en la Constitución de la República, el Ejecutivo requiere que el Congreso los avale con mayoría calificada, es decir, con 56 votos.
Rodolfo González, integrante del Instituto Iberoamericano y exmagistrado de la CSJ, explicó hoy que en la sentencia del 8 de junio pasado la Sala de lo Constitucional resolvió que para restringir los derechos de manera generalizada el Gobierno debía sustentar la petición en evidencia científica y “con datos duros” que le aporten elementos de convicción a los legisladores.
“Uno ve la exposición de motivos (presentados por el Gobierno) y se basa en buena parte de suposiciones, casi que en corazonadas, y se dan por ciertas algunas cosas; y eso serviría para fundamentar la propuesta, pero no se acompaña de la documentación empírica, verificable, científica acordada por especialistas”, señaló González.
Abogados advierten que el Ejecutivo no ha justificado un régimen de excepción
Otra observación que hizo el profesional es que no se está cumpliendo con la exigencia constitucional de que se cumpla con la proporcionalidad. González explicó que la medida de suspensión de derechos para todo el país es la más grave de las intervenciones que puede tener el Estado en los derechos de los ciudadanos. Por ello, recalcó que tiene que justificarse en que la medida es necesaria, idónea y que no existen otras menos lesivas o restrictivas de derechos.
“Sostenemos que este no es el momento en que la medida idónea, proporcional, necesaria, en estricto sentido, sea el régimen de excepción. La propuesta del Gobierno repite lo que ya fue declarado inconstitucional. Es seguir insistiendo, no sabemos con qué fin, en lo que ya la Corte dijo que no”, razonó González.
Otro de los invitados al foro fue Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia de la Universidad Francisco Gavidia, quien señaló que desde el pasado 16 de junio, cuando inició la primera fase de la apertura económica, ha habido una aceleración atípica de contagios de COVID-19.
El especialista recordó que la institución había advertido que realizar una apertura económica sin tener un criterio epidemiológico “era un suicidio”. Agregó que hay una inconsistencia en los datos que presenta el Gobierno sobre cifra de muertes y contagios.
Picardo reveló que el lunes publicó una base datos del Ministerio de Salud que registra cerca de 800 decesos: más de 400 fueron por COVID-19 y más de 300 por sospecha del virus. Estos datos, afirmó, contrastan con las 160 muertes reportadas por las autoridades.
Su propuesta es que el Ministerio de Salud haga cercos epidemiológicos o cuarentenas focalizadas y busque nexos epidemiológicos. También debe haber “fuertes” campañas por todos los medios de comunicación para educar a la ciudadanía sobre el tema de los riesgos y necesidad de uso de mascarilla y lavado de manos.
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES), Evelyn Farfán, planteó a los parlamentarios que el régimen de régimen de excepción del Ejecutivo carece de justificación científica que determine que solo la cuarentena es la medida idónea para bajar la curva de contagios de COVID-19.
Roger Arias, rector de la UES, aseguró que, desde que inició la emergencia sanitaria, profesionales de diferentes áreas de ese centro de estudios se pusieron a disposición del Gobierno pero no fueron escuchados.
Mientras que el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andreu Oliva, manifestó que no avalan el decreto enviado por el Gobierno al Legislativo, pues tiene los mismos vicios de inconstitucionalidad de los decretos anteriores que fueron objetados la Sala de lo Constitucional. Agregó además que no se ha justificado científicamente “un encierro producto de un régimen de excepción”.
Para Oliva, las medidas adoptadas durante 90 días de confinamiento como la reclusión en centros de contención y el cierre de la economía han resultado ineficientes en el país.