Quince días más de cuarentena “estricta” enfrentó ayer a los diputados de la oposición con funcionarios del Gobierno. Hubo altercados fuertes y tono de voces elevadas en la jornada de la tarde.
El dilema y varias horas de intenso debate se centraron en la férrea oposición del secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, de que el Ejecutivo necesita las “herramientas” para poder combatir el COVID-19 y para eso requieren de 15 días más de encierro domiciliar.
Cuatro días de debate intenso culminaron ayer. La fecha tentativa que maneja el Gobierno para que reinicie la apertura económica está fijada para el 13 de junio, pero en el entendido de que la nueva ley sanitaria fuera aprobada ayer, pero al cierre de esta nota no se había logrado, pese a que el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, tenía planeado hacer plenaria ayer a las seis de la tarde.
Los diputados de la oposición política no logran entender por qué el Ejecutivo se empeña en mantener encerrada a la población que “ya está cansada” dijo el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, de no poder salir a trabajar porque ya no tienen que comer.Cristina Cornejo, diputada del FMLN, dijo que les preocupan la población que cada día salen con banderas blancas a “decir auxilio, no tenemos comida, nos estamos muriendo de hambre, por eso aclaré que es por ellos, por los vendedores por cuenta propia, peluqueros, mecánicos, salones de belleza, por la gente que necesita subsistir y combinar lo que esta realidad enfrenta”.
En aras de resolver el impasse el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, propuso que el sector de los empleados privados reinicien sus labores el próximo 8 de junio y los empleados públicos el 13 de junio, pero Castro insistió en que su posición de que la apertura económica se realice el 13 de junio es inamovible y que si no avalan la ley en estos días, ese periodo se irá postergando.
Portillo Cuadra destacó que no es posible que el Gobierno se resista a su propuesta, cuando esos 15 días adicionales de cuarentena rígida no tienen sustento técnico ni médico y se basan sobre la aprobación de una ley que ni siquiera han terminado de discutir.
“Este tema es el corazón de la ley, se trata de plazos, hay que buscar un tema de racionalidad, hasta este momento el gobierno no ha expuesto ningún criterio, ni técnico, ni médico ni científico que a partir de la vigencia de la ley necesita 15 días, sobre todo porque las condiciones no han variado, la gente ha estado en cuarentena más de dos meses”, soslayó Portillo Cuadra.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, argumentó que los 15 días que piden están fundamentados en el periodo de evolución que tiene el virus en una persona contagiada, el cual determinó entre 7 días a 21 días, y que sola cuarentena estricta puede reducir los contagios.
Al respecto, la diputada Yanci Urbina, del FMLN, destacó que les explicara a qué se refiere con cuarentena estricta, porque la población lleva más de 60 días sin poder salir de sus casas. Reyes, de ARENA, sostuvo que debe abrirse paulatinamente los negocios con “medidas estrictas sanitarias” no con una cuarentena rígida.
El tema de la transparencia de nuevo entrampó a los diputados con los funcionarios del Gobierno. Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, explicó que al no estar operando todas las instituciones es difícil estar entregando información por medio de las unidades de acceso a la información pública.
Castro explicó que los plazos se deben diferir, es decir, que un ciudadano pueda hacer la petición y que posteriormente a la pandemia se le resolverá su solicitud, sin embargo, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, esgrimió que no están de acuerdo, porque la información debe otorgarse a los ciudadanos de parte de todas las instituciones, no solo del Gobierno, sino también de la Corte Suprema de Justicia y de la propia Asamblea.
Castro propuso que la información se brinde por medios electrónicos o a través del Portal de cada institución, de las que están funcionando, como el ministerio de Economía, de Salud y de Obras Públicas. Dijo que sería un Portal especial para la emergencia, no solo donde se cuelga la información oficiosa.
El diputado Guillermo Gallegos, de GANA, dijo que el resto de diputados están manejando de forma política el tema.
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La rendición de cuentas por parte del Gobierno ha sido el talón de Aquiles en la discusión de la nueva ley integral sanitaria y de cuarentena desde que iniciaron las discusiones el lunes pasado. Aún falta por discutir otros temas como la circulación del transporte público en las distintas fases de la apertura económica, entre otros.
Uno de los puntos que más ha generado controversia entre los legisladores es cumplir con el artículo 5 del decreto de emergencia que establece que será el Seguro Social el que cancele los salarios de los empleados que han sido enviados a cuarentena obligatoria y controlada.
Al respecto, los diputados señalaron que el Gobierno no ha cumplido, pero los funcionarios del Gobierno que participan de la discusión señalaron que la Asamblea no les ha querido trasladar los fondos suficientes para hacer frente a ese compromiso.
Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia señaló que el Congreso no quiere ratificarles parte de los $2,000 millones que han autorizado para ese objetivo. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, recordó que hay $140 millones que están determinados para ayudar a las micro y medianas empresas.
Los puntos definidos en la propuesta
Entre los principales acuerdos establecidos durante la noche del miércoles están:
– El referente al período de aislamiento para pacientes positivos y para pacientes sospechosos. La cuarentena para estos últimos no podrá exceder de 15 días, y el Ministerio de Salud deberá ordenar el alta médica a quienes hayan cumplido esa cuarentena, toda vez que el resultado de la prueba sea negativa.
– Solo estarán sujetas a cuarentena las personas que hayan sido expuestas a contagio, a quienes se deberán realizar las pruebas antes de mandarlos a aislamiento. En casos excepcionales, se podrá ordenar la cuarentena en un centro de salud.
– Las personas positivas de COVID-19 podrán optar a una hospitalización privada que tenga la capacidad técnica hospitalaria para manejar la enfermedad en cualquier etapa.
– Los hospitales deben de contar con un área de aislamiento con base a protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud.
– Los centros asistenciales deberán tener evaluación y autorización del Minsal, quien tendrá cinco días para resolver la autorización cuando haya presentado la documentación correspondiente.
– También los laboratorios y droguerías podrán importar y distribuir las pruebas de COVID-19 previa autorización de Salud y la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), las cuales deben de cumplir con las certificaciones.
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