Durante la noche del lunes, la Asamblea Legislativa aprobó con 71 votos reformar el decreto legislativo 608 para incorporar a nuevos integrantes del comité fiscalizador de los $2,000 millones que, en marzo pasado, la Asamblea Legislativa le autorizó al Gobierno gestionar para atender la emergencia del COVID-19.
La falta de conformación de este comité había impedido que los partidos de oposición le siguieran adjudicando dinero al Ejecutivo para enfrentar la crisis, aduciendo que había poca vigilancia para la ejecución de elevados montos para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus efectos sanitarios, económicos y sociales.
Pero este lunes, tras varios días de consultas con organizaciones civiles, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordaron emitir un dictamen favorable para que se creara el comité de veeduría y seguimiento de los fondos.
Esta nueva instancia estará integrada por un representante de la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, uno de la Universidad de El Salvador (UES), uno de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), otro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y uno más de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
Cada una de estas instituciones deberá nombrar un representante en su primera sesión. Asimismo, este comité contará con la asistencia de un delegado del Instituto de Acceso a la Información Pública y un delegado de un organismo de cooperación internacional.
El comité deberá emitir informes mensuales a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos de emergencia por parte del Estado.
Estos integrantes de las organizaciones civiles trabajarán con el comité gubernamental conformado por cinco ministerios y un representante de la Presidencia de la República.
Además, tras el acuerdo de la nueva integración de este comité contralor y de la presentación del presupuesto extraordinario para la ejecución de $20 millones de deuda para el Ministerio de Salud, los diputados aprobaron tres nuevos préstamos para que el Gobierno cuente con los fondos para continuar enfrentando la pandemia. Los fondos son parte de los $2,000 millones que inicialmente se avalaron.
Crédito para fines sanitarios
Uno de los créditos discutidos, de $20 millones, se destinará exclusivamente a la parte sanitaria. Hacer esto requiere de una mayoría calificada, y al final obtuvo 69 votos. Es un crédito con el Banco Mundial (BM), para financiar el “Proyecto de Respuesta de El Salvador ante el COVID-19”.
De este, la diputada Yanci Urbina del FMLN, explicó que accedieron a su ratificación porque el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, les envió “por fin” el detalle de ejecución del fondo.
“Finalmente vino una información de parte del Ministerio de Hacienda que especifica los rubros a los que se asignará el fondo. Ha sido una petición recurrente ya que el Gobierno no ha querido entregar detalles, ahora finalmente tuvimos esa respuesta y en consecuencia se aprueba la ratificación”, afirmó Urbina.
En una carta de fecha 18 de junio, el ministro Fuentes le informó al presidente de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Vásquez, de GANA, que uno de los componentes del crédito de $20 millones se destinará para “adquirir insumos médicos y de equipos destinados a incrementar el número de camas en los hospitales en las unidades de terapia intensiva, medicinas y vacunas. Se proveerán además suministros médicos, tales como equipos de protección, entre otros”.
Aprobación de créditos en “primera vuelta”
Además de los $20 millones para Salud, los otros dos préstamos son con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El primero, de $50 millones, el cual fue aprobado con 68 votos y está dirigido a financiar el programa “Respuesta Inmediata de la Salud para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador”.
El otro, de $250 millones, fue avalado con 72 votos y va dirigido al “Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal”. Ambos fueron aprobados en primera vuelta, es decir que solo requiere 43 votos. Después deberán retornar a la Asamblea para su posterior ratificación con al menos 56 votos.
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