La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del pasado 26 de julio de 2022 una reorientación de recursos públicos por un total de $5.2 millones, de los cuales $3.5 millones serán destinados al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y $1.7 millones para el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA).
Según el dictamen aprobado, los fondos servirán para atender a los menores de edad que guardan medidas privativas de libertad y detención administrativa en los Centros de Integración Social y para programas de defensa de sus derechos individuales y colectivos, a causa del régimen de excepción.
Sin embargo, ambas instituciones desaparecerán a finales de diciembre del presente año, debido a que sus funciones serán absorbidas por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que es el ente rector de la Ley Crecer Juntos que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023.
Advierten abandono
Dos expertas en derechos humanos, Celia Medrano y Zaira Navas, advirtieron desde mayo que los hijos de los capturados desde que inició el régimen de excepción en marzo habían quedado en el abandono y sin protección gubernamental.
Navas, quien se desempeñó como directora del CONNA, dijo a El Diario de Hoy en mayo que desde el inicio del régimen de excepción el gobierno dejó “desprotegidos y abandonados” a los niños y adolescentes cuyos padres o tutores han sido detenidos como supuestos miembros de pandillas o acusados de haber cometido delitos bajo agrupaciones criminales.
“¿Quién brinda atención y protección a niñas, niños y adolescentes cuyos padres se encuentran privados de libertad? La respuesta ha sido y sigue siendo: nadie. Si los padres han pertenecido o han estado vinculados con grupos de pandillas, ha sido frecuente que sea la misma pandilla quien les acoge”, afirmó también Celia Medrano, experta en la defensa de derechos humanos, en una entrevista con El Diario de Hoy.
Navas ahora es la jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal. La abogada menciona que los niños están expuestos a distintos tipos de violencia en sus comunidades, particularmente la que se genera por las maras y pandillas.
En ese contexto, muchos menores de edad han sido testigos de cómo sus familiares han sido ejecutados o violentados. A esa violencia social que ya enfrentaban ahora se suma la violencia estatal, lamentó.
Las declaraciones de las expertas se dieron un mes después de que las capturas realizadas por la Policía en el marco del régimen de excepción dejaran al descubierto la vulnerabilidad y el impacto psicológico y social que tiene en los menores de edad quedarse sin sus padres y en algunos casos completamente a la deriva.
Reacción tardía
Casi cinco meses después, el gobierno reacciona y decide destinar fondos para cubrir esas necesidades. Sin embargo, el ISNA y el CONNA, instituciones que por ahora son las responsables de proteger a la niñez y adolescencia, desaparecerán en cinco meses.
El Ejecutivo justifica que necesita los fondos debido a que el régimen de excepción decretado por la Asamblea ha “incrementado la cantidad de jóvenes menores de 18 años que cumplen medidas privativas de libertad y detención administrativa en los Centros de Integración Social (CIS), generando mayores necesidades en la adquisición de vestuario y alimentación, entre otros, así como necesidades en los Centros de Resguardo y para el funcionamiento institucional, que han surgido durante el presente ejercicio fiscal 2022 y para los cuales no se dispone de asignaciones presupuestarias para su financiamiento”.
Eso reza el documento enviado a la Asamblea, el cual no menciona el dato de cuántos niños y jóvenes están resguardados. Este fue aprobado el 26 de julio con 78 votos de todos los partidos políticos.
Según el dictamen, el dinero para el CONNA se utilizará en “fortalecer programas y acciones estratégicas que se ejecutan para la defensa efectiva de los derechos de la niñez y de la adolescencia, tales como el Programa de Atención a Niñez en Vinculación con la calle y el programa de niñez y adolescencia migrante retornada, entre otros”, según menciona el dictamen avalado por los diputados.
De los $1.7 millones que han sido destinados para el CONNA, el dictamen establece que para la defensa y protección de los derechos individuales y colectivos se usarán $493,310.