Representantes de Cooperativas y casas comerciales afirman que cumplen con las leyes al aplicar tasas de interés

La comisión Financiera se reunió con delegados de Fedecaces, Fedecrece y agentes económicos de las empresas comerciales La Curacao, Tropigás y Credisimán.

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Representantes de empresas comerciales y cooperativas asistieron a la comisión Financiera de la Asamblea a dar sus aportes a regulación de tasas de interés por créditos. FOTO EDH / cortesía Asamblea

Por Eugenia Velásquez

2021-09-04 4:36:24

La comisión Financiera de la Asamblea se ha dado a la tarea de llamar uno por uno a las empresas que prestan servicios de crédito a las personas con el afán de regular las tasas de interés que cobran por préstamos o por adquisición de bienes y servicios.

Según los legisladores ha recibido denuncias de “abusos” que desean regular; sin embargo, los representantes de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (FEDECACES); de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples (FEDECRECE), así como los agentes económicos de los almacenes La Curacao, Tropigás y Credisimán, aseguraron a los parlamentarios del oficialismo que están cumpliendo con las leyes al aplicar las tasas de interés.

Federico Díaz, representante legal de Unicomer como delegado también de las empresas La Curacao y Tropigás, explicó que la manera de calcular el interés sobre los créditos se basa en el Art. 12 de la Ley de Protección al Consumidor.

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“La manera de calcular los intereses de los créditos está en el artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor que establece que el interés se calculará sobre un saldo de interés no devengado”, afirmó Díaz.

La normativa en cuestión establece en ese articulado que en los contratos de compra venta a plazos, mutuos y créditos de cualquier clase, sujetos a pago por cuotas o al vencimiento del plazo se calcularán los intereses sobre los saldos diarios pendientes de cancelar, con base en el año calendario.

Además, que no podrán pactarse ni cobrarse intereses sobre intereses devengados y no pagados, ni sobre comisiones y recargos.

En caso de mora, el interés moratorio se calculará y pagará sobre el capital vencido y no sobre el saldo total de la deuda, aunque se pacte lo contrario.

Con respecto a las quejas de abusos que la diputada de Nuevas Ideas, Dania González, aseguró han tenido de parte de la ciudadanía en contra de las empresas comerciales; Díaz le explicó que las compañías a las que representa no tienen una política de hacer cobro judicial; que no presentan demandas y que no hacen embargos.

Esto último en relación a que en la comisión Financiera se transmitió un video de una persona que denunciaba que le querían embargar la cama.

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“La cama es inembargable bajo las leyes salvadoreñas, nosotros las respetamos. No hacemos ese tipo de prácticas”, apuntó Díaz.

Otro de los puntos que fueron cuestionados por los diputados del oficialismo es sobre los seguros que cobran en algunos servicios de tarjetas de crédito, por ejemplo, la de Credisimán, dijo González.

Luis Guillermo Bermúdez, representante de la empresa en mención, aclaró que los seguros no son obligatorios, y como ejemplo de lo anterior, informó que del 100% de los clientes que poseen la tarjeta solo el 20% optan por el seguro.

Incluso, señaló que cuando han detectado que algún vendedor hace ese tipo de prácticas de obligar al usuario a coger el seguro, como política interna de la empresa aplican sanciones y se le devuelve el dinero al cliente.

Sin embargo, señaló que los productos que diseñan dentro de sus programas de crédito son para beneficiar al cliente, no para perjudicarlo.

“Los productos se diseñan con tantas ventajas que se venden solos. Tratamos de vender un buen producto y que sea totalmente voluntario. Compartimos la visión de inclusión financiera”, manifestó Bermúdez.

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Ambos personeros de las firmas comerciales expresaron que, si bien están aplicando las normas legales vigentes, están en la disposición de adaptarse a nuevas metodologías de trabajo.

“Nosotros consideramos que cualquier cambio que queramos hacer será en favor de los salvadoreños. Estamos listos para apoyar con todas las casas comerciales”, expresó Bermúdez.

“Las tasas máximas son reguladas con base a las condiciones del mercado. Nosotros sí estamos en la posibilidad de someternos a las leyes y si cambian nos iremos adaptando”, manifestó Díaz, representante de Almacenes Tropigás y La Curacao.

En el caso de las cooperativas los representantes de estas expresaron que solo ofrecen servicios a sus asociados y que han procurado acercar los servicios financieros a la gente, hasta en lugares en donde la banca nacional no llega.

El representante de Fedecaces explicó a los diputados que se regulan con base a lo que establece el artículo 5 de la Ley contra la Usura, pero que también tienen políticas internas para no poner en riesgo los ahorros de sus socios.

Ese apartado establece la segmentación de créditos. En el Artículo 5 se establece que se “permitirá la diferenciación de tasas máximas de interés ofrecidas al público, debido a la existencia de distintos segmentos de mercado atendidos y sus diferentes productos, metodologías de crédito, montos otorgados, administración y cobro de los créditos, todo lo cual produce variaciones sustanciales en costos de fondeo, riesgo crediticio y en los gastos operativos del acreedor”.

Según dijeron son todos esos elementos los que tienen que cumplir para determinar una tasa de interés a cobrar y que trabajan bajo el concepto de ayuda mutua.

“Las tasas hay que revisarlas, pero hay que considerar también que la tasa a cobrar sea suficiente para asegurar la sostenibilidad de la cooperativa. Tenemos una responsabilidad social con los asociados, de salvaguardar sus ahorros y asegurar la sostenibilidad de la cooperativa”, manifestó el representante de Fedecaces.

Aseguraron también que no cobran comisiones por el otorgamiento de préstamos en cumplimiento al artículo 12 de la Ley de Protección al Consumidor. En cambio, si cobran costos por el gasto operativo que significa la fuerza de venta para darle transporte y viáticos al tener que desplazarse hasta pueblos lejanos para hacer los trámites y entregar los créditos que no sobrepasa el .73%.