El presidente de la comisión especial, Emilio Corea, diputado de ARENA, dio de plazo hasta las 4 de la tarde para que COMURES enviara a la Asamblea el informe completo de fallecidos por COVID-19 en los 262 municipios, ya que faltaban 71, pero llegada la hora el reporte no llegó al Congreso.
Debido a esto, Corea pidió retirar el informe que ya estaba acordado para ser aprobado este miércoles en la Asamblea. Según dijo, lo verán hasta la próxima semana en el pleno.
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Los diputados de la comisión especial que investigó como el gobierno administró la emergencia por la pandemia prevén poner a discusión del pleno el informe final que contiene 14 conclusiones y varias recomendaciones, entre ellas, la destitución del Ministro de Salud, Francisco Alabí.
“Tomando en consideración que COMURES, debe entregar hoy a más tardar a las 4.00 p.m, el informe de las 71 alcaldías pendientes, sobre el total de entierros, de marzo a diciembre (2020), cómo comisión especial de la Asamblea, hemos decidido que NO SE LEA HOY, el informe parcial”, explicó Corea en su cuenta de Twitter.
La recomendación para destituir al ministro de Salud se hace “por conflicto de intereses”, ya que, según reportes presentados por la titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, esa institución contrató en tres ocasiones durante un mes propiedades del familiar del Ministro de Salud, por un monto de $18,850.
Además, la comisión concluyó que hay posible cometimiento de delitos por parte del funcionario, así como de las directoras del Asilo Sara Zaldívar y del ISRI por desconocer el paradero de más de 50 ancianos que fueron trasladados a centros hospitalarios tras contagiarse de COVID-19.
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Ante eso, el informe será remitido también a la Fiscalía para que investigue a los funcionarios en mención, al Tribunal de Ética Gubernamental, a Senadores y Congresistas de los Estados Unidos.
El informe señala que el personal de primera línea que falleció a lo largo de la pandemia se contagió debido a que el Ministerio de Salud y el ISSS no les dotó del equipo de bioseguridad necesario e idóneo para la atención de pacientes que adolecían de COVID-19.
Ante eso, se prevé que el informe llegue a manos de organizaciones que velan por los derechos humanos, entre ellos, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Human Rights Watch.
Expresan que el Seguro Social brindó al Ejecutivo un préstamo de $25 millones para el Hospital El Salvador, sin que la ley Orgánica del ISSS lo permita, y que quedó en evidencia que hasta el momento no se ha definido la forma en cómo pagará el gobierno ese préstamo.
Por lo que también informarán a la Corte de Cuentas de la República y a la Fiscalía.