La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), le debe a las empresas que le suministran energía eléctrica el servicio que ha recibido para operar en el periodo comprendido de mayo a diciembre de 2020 y enero de 2021, por lo que los diputados de la comisión de Hacienda, acordaron este lunes autorizar a la autónoma usar $50 millones de tres préstamos internos que han sido adquiridos previamente por un total de $216 millones.
Además, parte de ese fondo de $50 millones servirá para cancelar el suministro de energía eléctrica a la CEL que ANDA adeuda desde septiembre de 2012 a enero de 2017.
Así como a proveedores de bienes y servicios y obras del periodo comprendido de 2016 a 2021, también la gratificación e indemnizaciones del personal y la liquidación de un préstamo de corto plazo con el Banco Hipotecario, entre otras obligaciones que la ANDA debe cumplir.
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Para ello, los diputados acordaron emitir dictamen favorable para incorporar al presupuesto de 2021 los $50 millones que la ANDA ya recibió en desembolsos por las tres contrataciones de préstamos, uno de Apertura de Crédito Simple, un contrato de Crédito a Título de Mutuo y un Contrato de Préstamo Mercantil.
También acordaron emitir un dictamen para autorizar al gobierno adquirir $400 millones en préstamo Contingente para Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Moisés Cabrera, explicó en la Comisión de Hacienda que el interés es mejorar la gestión financiera para hacer frente a los riesgos de desastres naturales y de salud pública, mediante la contratación de un financiamiento contingente de rápido acceso para cubrir gastos públicos extraordinarios dirigidos a la atención de la población afectada por dichas emergencias.
Señaló que desde julio de 2021 el país cuenta con una estrategia financiera de riesgo apoyado por el Banco Mundial para su elaboración, ya que si antes se han tenido operaciones de crédito contingente, éstas han sido aisladas no de manera integral.
“Antes se han tenido operaciones de crédito contingente pero de manera aislada, no de manera integral. A partir de este año se está haciendo. Dentro de esa estrategia hay cuatro líneas: identificación, evaluación y gestión de un conjunto de instrumentos financieros que permitan contar con liquidez para dar respuesta y minimizar los impactos fiscales cuando ocurra una emergencia”, afirmó Cabrera.
Se dividirá en dos modalidades: una por $300 millones a ser usada en caso de desastres naturales y el disparador es verificado por parte del BM que cumpla con parámetros definidos que han sido revisados por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente, explicó.
La segunda modalidad es por $100 millones para dar cobertura al sistema de salud pública, así como a eventos naturales no cubiertos por la modalidad 1 como es el caso de erupciones volcánicas.
Lo anterior dependerá de una declaratoria de emergencia nacional de parte del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa.
Al respecto, cuando se dio la pandemia a causa del COVID-19 en marzo de 2020 el gobierno echó mano de $672 millones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
Este dinero fue repartido entre distintos ministerios sin tener a la mano una planificación y sin cumplir parámetros de fiscalización y transparencia.
Se presume que ese nuevo préstamo por $400 millones vendrá a ser un símil del FOPROMID, que es un mecanismo aprobado en 2005 para que el Ejecutivo disponga de recursos de forma ágil para contratar y comprar insumos durante una emergencia, por lo que ese proceso se pasa los filtros de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para hacer expedidas las contrataciones de servicios mientras dure la emergencia.
Los diputados también acordaron incorporar $881,202 de un préstamo con el BID para incorporarlos al Ministerio de Economía. De acuerdo a Cabrera es para complementar otros recursos que tiene esa institución para otorgar financiamientos no reembolsables a las MIPYME, a través del Fondo Productivo (FONDEPRO), que tiene como objetivo mitigar el impacto generado por la pandemia y la emergencia mundial del COVID-19 en el tejido empresarial.
Cabe destacar que para este rubro la Asamblea ha destinado millones de dólares de varios préstamos, entre ellos, $600 millones del Fideicomiso para recuperar a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis sanitaria.