La Asamblea Legislativa aprobó ayer con 71 votos un fideicomiso por $600 millones para apoyar a los micros, pequeños y medianos empresarios que han salido afectados por el confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19 y que por ello han debido cerrar sus fuentes de ingresos económicos.
El dinero para este financiamiento proviene de los $1,000 millones que el Congreso le autorizó al Órgano Ejecutivo, semanas atrás, para reactivar la economía. De este monto, $600 millones serán para el fideicomiso para los micro, pequeños y medianos empresarios; el resto, un paquete de $400 millones, se destinará para el pago de proveedores y exportadores.
Con la Ley de Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreña se destinará $360 millones en créditos para las empresas para la recuperación, deuda y materia prima. Otros $100 millones para apoyar al sector informal y $140 millones para el subsidio de planillas de pequeñas y medianas empresas.
Se podrá subsidiar a empleados de la micro, pequeña y mediana empresa; dar crédito a empresas que demuestren que han sido afectadas por la crisis y otorgar un financiamiento productivo para empresarios informales que tengan al menos un crédito vigente en el sistema financiero nacional o que realicen actividades económicas que son su fuente principal de ingreso para su subsistencia. Estas pueden ser de índole comercial, producción de bienes u oferta de servicios culturales o artísticos.
Al subsidio podrán acceder las empresas inscritas como patronos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las que estén registradas en la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).
Los beneficiarios van a poder obtener préstamos con el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), encargado de administrar los fondos, a una tasa de interés del 3% anual y tendrán hasta un año para pagar la primera cuota.
“Hemos removido muchos obstáculos que traía el diseño original propuesto por el Gobierno, introdujimos una serie de cambios para provocar inclusión de los más afectados en el ámbito económico a partir de las últimas condiciones que hemos tenido en términos de la pandemia”, explicó la diputada del FMLN, Yanci Urbina.
La normativa también contempla la creación de un consejo de administración para la dirección y supervisión de las actividades del fideicomiso. Este equipo estará conformado por delegados del Ministerio de Hacienda, Economía y Turismo. También un representante del Banco Central de Reserva y del Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños.
Para velar por que haya transparencia en la administración y ejecución de los fondos, también se creará un Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, el cual deberá rendir informes mensuales a la Asamblea Legislativa y a la ciudadanía sobre los relacionado a la implementación de los recursos del fideicomiso.
Este comité estará conformado por la Fundación Nacional para el Desarrollo, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, la Universidad de El Salvador y asociaciones gremiales más representativas de contaduría y auditoría.
“El fideicomiso contempla medidas de transparencia y crea un comité de ciudadanía que vea que no haya favoritismos en el otorgamiento de los programas de subsidio para el empleo, de crédito para capital de trabajo y trabajo productivo para los trabajadores informales”, señaló Margarita Escobar, de ARENA.
Sin aprobar $50 millones para las alcaldías
En la plenaria de ayer no se logró alcanzar los votos suficientes para reformar el decreto de autorización de $1,000 millones para reorientar, del paquete de los $400 millones destinados al pago de IVA a exportadores y proveedores, $50 millones para las alcaldías más afectadas por la pandemia, por lo que la iniciativa seguirá siendo analizada en la Comisión de Hacienda.
De ese monto, $25 millones se destinarían al municipio de San Salvador y los otros $25 millones serían distribuidos entre las alcaldías de Mejicanos, Ilopango, Soyapango, Santa Tecla, Colón, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel. También San Vicente, Usulután, La Unión Zacatecoluca, Cojutepeque, Chalatenango, Ahuachapán, Sensuntepeque y San Francisco Gotera.
Anabel Belloso, diputada del FMLN, manifestó que su partido no dio los votos porque no se garantizan criterios de equidad en la distribución del dinero, ya que la mitad del fondo, $25 millones, se asignaría solo a la alcaldía capitalina y la otra mitad en 17 municipios de diferentes departamentos.
“Cuando se conoció la iniciativa señalamos que no existían criterios válidos en cuanto a la asignación y distribución de los fondos. Acá se están incumpliendo diferentes principios, no se considera la igualdad y equidad”, dijo Belloso.10