La Asamblea avaló este miércoles la primera ley para crear un Banco Nacional de Datos de ADN, el cual sistematizará y almacenará la información genética para facilitar la investigación de hechos criminales.
La nueva ley estipula la recolección y archivo de la información genética en las siguientes bases de datos: de condenados, de imputados, de detenidos, de evidencias y antecedentes, víctimas, desaparecidos y sus familiares, aportadores voluntarios, personal involucrado en la toma y procesamiento de ADN y otras bases de datos.
“Con esta ley de ADN el país avanzará en la aplicación de justicia con la ciencia. Estamos escribiendo una nueva historia y dejando uno de los mayores legados de esta legislatura al país. Los salvadoreños de bien vamos a ser testigos del golpe que va a recibir el crimen en El Salvador cuando esté funcionando el banco de ADN”, explicó la diputada de ARENA, Patricia Valdivieso, quien fue la promotora de la ley.
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Según la legisladora con la nueva normativa se podrán resolver casos que por falta de pruebas no son condenados los criminales, por ejemplo, citó que la semana pasada conoció que la Policía recibe 50 denuncias de violencia sexual contra mujeres por día.
“Más del 90% de los delitos por violencia sexual quedan impunes ¿y saben cuál es la razón principal para no resolver un caso con condena? La falta de una prueba definitiva”, acotó Valdivieso.
En estos casos de una violación o agresión sexual con violencia el agresor siempre deja evidencia que puede ser prueba irrefutable del delito: su ADN, semen, sangre, saliva, cabello o cualquier elemento que contenga su ADN, esa es prueba irrefutable de su participación, explicó Valdivieso.
“Esta es solo una, de tantas poderosas razones que justifican la necesidad de que el país cuente con un Banco de Datos de Huella Genética como el que estamos aprobando”, ahondó la diputada arenera.
Según la ley aprobada este miércoles los datos se manejarán con confidencialidad, ya que esta solo podrá ser consultada directamente por la persona o autoridad que esté legalmente facultada a utilizar la información.
No habrá discriminación, pues se determina que en ningún caso el Banco de Datos de ADN podrá constituir una base o fuente de información para la discriminación, la estigmatización, la violación de la dignidad, la intimidad, la privacidad o el honor de cualquier persona, debido a su raza, etnia, discapacidad o propensión o no a enfermedades congénitas o hereditarias.
El Banco de Datos será dirigido por un Consejo Administrador integrado por un delegado del Fiscal General de la República, un miembro de la Subdirección Técnica Científica de Medicina Legal, el cual tendrá como objetivo establecer los parámetros y protocolos para la recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos.
También hay sanciones por la divulgación o uso indebido de la información genética. El artículo 25 establece multas equivalentes de entre diez salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios ($3,000) hasta 20 salarios mínimos ($6,000) y destitución del cargo o empleo.
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