Los diputados avalaron este jueves una interpretación auténtica que permitirá a los empleados del Gobierno obtener una mejor calificación para acceder a créditos, tomando como base su salario mensual y bonos dentro de sus ingresos totales.
“La comisión de Trabajo llegó a buen término, ya que se logrará que el salario, bonos y todos los ingresos que reciban empleados públicos se consideren en sus ingresos totales para tener mejor calificación en el sistema financiero y optar a créditos”, manifestó el diputado Damián Alegría, del FMLN.
Según el diputado Rodrigo Ávila, de ARENA, la comisión de Trabajo hizo un gran esfuerzo para que de una “manera oportuna se de un beneficio muy merecido a empleados del Estado, en particular para los maestros. En realidad es un acto de justicia y una buena forma de iniciar este año”, comentó Ávila.
Entre algunas de las instituciones que reciben bonos algunos cada seis meses, otros cada tres o dos meses, son la Policía Nacional Civil, los docentes, los empleados legislativos y de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Pagarán indemnización pendiente a exempleados de ANTEL
También fue autorizado este jueves en la plenaria un decreto transitorio para honrar el pago de la indemnización pendiente a exempleados de la extinta ANTEL. “Esta iniciativa representa un acto de justicia social, porque se reconoce los derechos laborales de las clases trabajadoras. Para el FMLN es importante expresar nuestro apoyo”, afirmó la diputada Yanci Urbina, del FMLN.
De acuerdo al decreto transitorio el Ministerio de Hacienda deberá hacer efectivo el pago de $2,857.14 en concepto de indemnización a cada uno de los extrabajadores de ANTEL, que no hayan recibido dicho beneficio y que cumplan con todos los requisitos legales respectivos.
El compromiso de pagar la indemnización viene desde 2014, fecha en que la Asamblea autorizó al Ministerio de Hacienda pagar el monto de la indemnización citada en esta nota a 25 exempleados de ANTEL, que no habían gozado del referido beneficio.
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Esto a raíz de que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, estableció el pasado 14 de octubre de 2020 que se “violentaron derechos fundamentales de dichos trabajadores”, y recomienda resarcir dichos derechos mediante mecanismos legales como la indemnización.
El pago estaba pendiente desde que la extinta ANTEL fue privatizada en 1997. En ese momento los empleados tenían derecho a una indemnización de 25,000 colones, sin embargo, solo fue pagada a algunos trabajadores.