Tras la aprobación de la tan cuestionada Ley del Agua en el país, el presidente de CESTA, Ricardo Navarro, señala que el punto débil de la normativa está en haberle dado autonomía financiera a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) ya que esta se enfocará en la obtención de fondos a través de la venta del agua y no en garantizar el derecho humano de este vital líquido a la ciudadanía.
“El problema está en haberle dado autonomía financiera a la ASA. Esta no va a poder satisfacer el derecho humano al agua de toda la población salvadoreña y va a terminar dándole agua al que pueda pagar por ella. Entonces ¿dónde está el derecho humano al agua. La ley dice que hay que respetarlo, pero la forma en como está estructurada yo lo veo difícil”, dijo Navarro este jueves en la entrevista Frente a Frente de TCS.
Añadió: “Si yo a le doy autonomía financiera, usted tiene que vender para tener plata para poder pagar todo lo que tienen que pagar. Con fondos del Estado puede satisfacer los Derechos Humanos, pero cuando se tiene autonomía financiera usted se va por el mejor postor”.
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El pasado martes por la noche, la Asamblea aprobó con 65 votos a favor la “Ley General de Recursos Hídricos”, una iniciativa impulsada por el presidente Bukele y que según los diputados del oficialismo garantiza la “no privatización del agua y el reconocimiento de la misma como un derecho humano”.
Sin embargo, Navarro opina lo contrario y no se mostró complacido al respecto. Moisés Urbina le preguntó si estaba satisfecho con la ley aprobada.
El experto en temas medioambientales respondió: “No. Yo siento que no está bien elaborada, siento que no va a lograr lo que dicen que quiere lograr, ahí se dice muchas veces que el agua no va a ser privatizada, se dice que se reconoce el derecho humano del agua, esas cosas se escuchan bien, por eso hemos venido luchando año con año, pero el problema es que usted afirme que quiere algo y otra es como estructura para que eso se dé”.
A su juicio, es importante hablar de la creación de la ASA, y de los alcances que implica el haberle dado autonomía financiera puesto que significa que esta deberá operar con los recursos que obtenga.
Explicó que, para dar un buen servicio de este recurso se debe limpiar el agua. En ese sentido recordó que, en algunos lugares el agua llega sucia debido a los terremotos ocurridos y al medio siglo que tienen las tuberías de la red de distribución que ya presentan afectaciones. Además, indicó que, la mitad del agua que se recoge se está perdiendo y que la tercera parte de los pozos que ANDA tenía ya no tienen agua.
Al respecto, Navarro aclaró que “se necesitan grandes cantidades de dinero para darnos un buen servicio de agua”.
¿Y cómo va a obtener ese dinero? Se preguntó. Respondió que, de la recaudación de fondos a través de la venta del agua, ya que “es autonomía financiera” y ese es el punto débil de la normativa aprobada.
Además, indicó que, debido a eso, la ASA tendrá que decidir entre llevar el agua a un sector que la necesite para reconocer el derecho humano de este vital líquido o recibir dinero de alguien que le va a pagar por el agua.
“Esa es la gran dificultad que va a tener la ASA, que se va a tener que decidir por recaudar fondos porque bueno y ¿cómo le va a pagar a la gente? ¿cómo mantengo la entidad? ¿cómo limpio el agua?”, se cuestionó y destacó “ahí está el problema para mí fundamental”.
En ese sentido recalcó “no se debería dar autonomía financiera a la ASA porque entonces se va a orientar a obtener recursos y eso puede significar sobreexplotar los mantos, va a significar no llevarle el agua a la agente que no pueda pagarla y entonces ¿dónde va aquedar el derecho humano?”.
“Va ser difícil llevar el derecho humano al agua en una entidad que tiene que funcionar autónomamente en todo lo financiero”, enfatizó.
Al respecto, Urbina preguntó ¿cómo queda ANDA con esta nueva ley?
“La ASA manda, entonces ellos pueden decidir cómo organizan todo eso. ANDA lo que hace es distribuir un bien al igual que las Juntas de Agua, solo que las juntas son 2,000 y distribuyen más que ANDA porque esta no alcanzó a llegar a todo el país”, contestó.
Otro aspecto que Navarro cuestiona de la ley es la integración de la junta directiva de la ASA, y según el artículo 20 de la normativa se incluye a un representante por parte del ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Economía, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Gobernación, Universidad de El Salvador y otros.
El experto señala que por ley tienen que estarse reuniendo una vez por mes, y a su juicio no será necesario que siempre estén ahí algunos ministerios como el de Economía, Turismo y Obras Públicas.
De hecho, el recordó que “nosotros habíamos propuesto que fuera un Viceministerio del Agua, como parte del ministerio de Medio Ambiente que pudiera estar relacionándose con estos sectores. Un viceministerio si siente que el agua está contaminada llama a Salud, si quiere establecer una tarifa llama a Economía y si necesita una investigación se contacta con la Universidad”.
“Habiendo hecho una estructura tan burocrática para la ASA esto no va a funcionar. Pensando mal ¿qué podría uno concluir? pareciera que alguien quiere que la ley no funcione, alguien dentro de la Asamblea o fuera, porque al haberle dado autonomía financiera no va a poder satisfacer el derecho humano al agua”, aseguró.
“El gobierno decidirá sobre la ASA”
Amalia López, miembro de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, señaló que “no reconocer el derecho humano al agua es violentar la vida de los salvadoreños”.
Además, consideró que la ASA está establecida para que atienda órdenes del Ejecutivo. “La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) está centralizado para que tome las decisiones el Gobierno. Simplemente que obedezcan las órdenes y caprichos de Casa Presidencial y las de sus amigos”, dijo Amalia López en una entrevista con radio YSUCA.
También criticó que en la normativa aprobada no fueron incluidos sus aportes y peticiones. “Nosotros propusimos una dirección ejecutiva con participación ciudadana. Pero la Ley de Recursos Hídricos no contempla ninguna participación. No se considera la opinión de las personas que viven en las cuencas y que saben qué hacer y cómo está la situación”, dijo.
La diputada del FMLN, Dina Argueta coincidió con los expertos en temas medioambientales y subrayó que la ley aprobada "favorece la explotación de los bienes naturales ".
"Yo no voy a votar por esa ley (Ley del Agua). Primero, porque legaliza la injusticia hídrica en el país; segundo, porque favorece la explotación de nuestros bienes naturales y no recoge el sentir, el pensar y las necesidades de la gente”, dijo la legisladora durante la discusión de la ley.
También señaló que no se tomaron en cuenta las propuestas hechas por las organizaciones. “Esas observaciones que hizo la academia, que hicieron lo sectores y organizaciones no fueron tomadas en cuenta, de los cinco puntos que la población ha venido señalando, el tema de la participación ciudadana no está desarrolla en el proyecto de ley”, criticó.
Esta nueva normativa sustituyó el proyecto de Ley de Agua que por más de una década se trabajó por parte de grupos ambientalistas del país y que fue archivado en mayo pasado por el oficialismo.