Los diputados René Portillo Cuadra y el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, introdujeron este jueves un proyecto de Ley “Especial para la Administración de Sociedades con participación del Estado de El Salvador”.
El objetivo de dicha normativa “es establecer medidas de administración y fiscalización a las sociedades, grupos o conglomerados empresariales donde el Estado de El Salvador, los municipios o las instituciones oficiales autónomas tengan participación accionaria”.
El proyecto de ley obliga a entidades como la Empresa Transmisora de El Salvador, S.A. de C.V. (ETESAL); Geotérmica Salvadoreña, S.A. de C.V. (GESAL o GEO) e Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. (INE), a rendir cuentas a la Corte de Cuentas de la República y a sujetarse a la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Esta ley tiene varios aspectos importantes. Uno es que a estas sociedades las pueda fiscalizar la Corte de Cuentas. Que todos los bienes que adquieran estas sociedades pasen por el proceso de la LACAP y que el presupuesto de las sociedades sea enviado a la Asamblea Legislativa. Hablamos de empresas como ETESAL, GEO, e INE”, afirmó Reyes.
En el caso de las Sociedades citadas arriba, el proyecto de decreto explica que tendrán 120 días de plazo a partir de la vigencia de la ley, para presentar a la Asamblea el listado de las sociedades en donde tengan participación accionaria, si fuera el caso que la Asamblea la apruebe y que el presidente Nayib Bukele la sancione.
Al respecto, la propuesta de ley establece que ninguna institución pública podrá utilizar recursos del Estado, incluidos los de las instituciones autónomas para financiar directa o indirectamente o crear sociedades, grupos o conglomerados empresariales que no correspondan a las funciones o giro que por disposición legal expresa les compete. “La inobservancia de esta disposición conllevará responsabilidad personal y patrimonial a los funcionarios de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes”.
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Según el proyecto de ley, en su artículo 2, “las sociedades, grupos o conglomerados empresariales regulados por esta ley, deberán ser auditadas y fiscalizadas anualmente por la Corte de Cuentas de la República. Las auditorías a realizarse deben ser tanto de gestión como financiera”.
En cuanto a su presupuesto, ARENA propone que deberán ser presentados a la Asamblea por la cartera de Estado a la que están adscritos, para su conocimiento y aprobación a más tardar en septiembre de cada año, que es la fecha en que se presenta el proyecto de Presupuesto General de la Nación.
Asimismo, se detalla que todos los dividendos que generen los sujetos comprendidos dentro de la regulación del proyecto de ley deberán ser transferidos sin “excepción alguna siguiendo los mismos procedimientos legales para incorporar dichos fondos al Presupuesto General del Estado”.
Los directores que integren la Junta Directiva de las Sociedades comprendidas en la ley, así como los gerentes deberán presentar su declaración de patrimonio a la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo las normas de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. “Asimismo, estarán regulados por lo dispuesto en la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Los directores y gerentes responderán patrimonialmente y penalmente por la mala administración de los sujetos de esta ley, así como también por el incumplimiento de la misma”, reza el artículo 6.
Además, todos los vehículos que sean propiedad de las Sociedades que regula la propuesta de ley deberán portar placas nacionales sin ninguna excepción.
La propuesta fue introducida por ARENA este jueves, la cual deberá ser ingresada para su conocimiento al pleno en la plenaria de la próxima semana y ser estudiada en la comisión respectiva, a menos que los diputados acuerden sesionar ese mismo día para pedir la dispensa de trámite de la correspondencia y convocar a la comisión de inmediato para un eventual dictamen favorable que requerirá de 43 votos de los diputados para su aprobación.