“Lamentable, triste, vergonzoso, día oscuro”. Así de tajante fue la postura del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, al conocerse esta mañana que la Fuerza Armada no permitió el ingreso al juez que conoce el caso sobre el Mozote y los peritos que lo acompañaban para verificar los archivos militares relacionados al proceso judicial.
Agregó que el gobierno de El Salvador debería tomar ejemplo de la justicia española que condenó a 133 años de cárcel a un exjefe militar por la “masacre de los jesuitas. Ese proceso debe servir de ejemplo para El Salvador porque no se puede continuar en impunidad, para que las víctimas conozcan la verdad, tengan acceso a la justicia, sean reparados y no haya repetición”.
Fuerza Armada impide entrada a juez para verificar archivos sobre masacre El Mozote
El funcionario también recordó la promesa del presidente Nayib Bukele al asumir las riendas del país en junio del año pasado.
“Recién asumió su cargo el señor presidente dijo, cuando el juez de Instrucción de Gotera (Morazán) que pediría los archivos, no vamos a dar de la A a la E, vamos a dar de la A a la Z, ¿Dónde está esa oferta?, tenemos conocimiento que el ministro de la Defensa ha intentado mediante un escrito presentado a la Corte Suprema de Justicia para que suspendiera la diligencia y la Corte lo rechazó. Ha habido intentos de obstaculizar esa diligencia que ahora comenzó y se materializó”, explicó Tobar.
Bukele entorpece acceso de ciudadanos a obtener información pública
Explicó que sus delegados de la PDDH le han informado que los militares impidieron el ingreso a los peritos y al personal de la Procuraduría alegando que desconocían sobre el proceso que se realizaría, a pesar de que el proceso es público y lleva meses en desarrollo.
“Las familias, las víctimas merecen respeto y por eso los archivos militares deben abrirse, se debe conocer la verdad sobre los diferentes hechos, es lamentable, día oscuro para El Salvador”, reiteró Tobar.
El procurador llegó a la Asamblea a explicar a los diputados de la Comisión de Salud, la situación de vulneraciones de derechos de los ciudadanos en el marco de la pandemia.