El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga y Zaira Navas de Cristosal, presentaron este martes una petición en la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, para que investigue a los agentes involucrados en los hechos acaecidos el pasado 20 de agosto en las inmediaciones del mercado San Miguelito.
Ambos externaron que ha pasado más de un mes y la Policía no informó si abrieron un expediente para indagar e individualizar la responsabilidad de las agresiones físicas sufridas por dos periodistas de medios independientes que cubrían la escena del rescate de un cadáver.
En ese entonces, un policía rompió la cámara de televisión de uno de ellos y varios fueron limitados en su movilidad y encerrados durante varias horas para evitar que dieran cobertura al hecho, además, de agresiones físicas y verbales.
#ElSalvador | Esta mañana, la @apeselsalvador y @Cristosal presentaron a la Inspectoría General de la Seguridad Pública de la PNC una denuncia por las agresiones policiales a periodistas. Video EDH/ F. Jirón. pic.twitter.com/VOJnArwqbn
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) September 14, 2021
“Para la APES es muy importante esto, primero, porque ha pasado casi un mes desde las agresiones que tuvieron un par de colegas en el mercado de San Miguelito, esto se enmarca desde la APES y de varias organizaciones de la sociedad civil que se ha denunciado que es un incremento de hostilidades de parte de miembros de agentes o de miembros de la Policía a periodistas que ejercen su derecho a informar y su derecho a la libertad de expresión”, informó Fagoaga.
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Según dijo, con la petición se pretende poner a prueba la institucionalidad del país, para que desde la Inspectoría se responda a las agresiones, ya que la Policía no individualizado a nadie sobre las agresiones realizadas en contra de los periodistas, lo cual a la APES le “parece grave”.
“Se da paso a la impunidad, la APES está en contra de eso, queremos que la Inspectoría haga su trabajo y parte de su trabajo según la ley, es garantizar que los miembros de la Policía hagan su trabajo cumpliendo para que abran una investigación para miembros de la Corporación que han violado derechos de los periodistas en el libre ejercicio de su profesión”, apuntó Fagoaga.
Añadió que buscarán un diálogo con las autoridades policiales, para evitar que la Policía guarde silencio ante los abusos que se han ido generando en los últimos meses en contra de los comunicadores de parte de una corporación que debería garantizar los derechos ciudadanos.
“El silencio en estas agresiones permite la impunidad, y con esto no queremos que siga ocurriendo, vamos a buscar un diálogo porque creemos que es de las mejores herramientas que tiene esta sociedad”, señaló Fagoaga.
Por su parte, Navas, manifestó que la petición va en el sentido de que la Inspectoría investigue a los involucrados por faltas consideradas graves y muy graves, debido a que se atentó en contra de la libertad de prensa y del derecho de información de toda la población.
Además, dijo que se constituyen faltas disciplinarias por violación a los artículos 8 y 9 de la Ley Disciplinaria Policial, porque se ha violado el Código de Conducta, al limitar las acciones en el ejercicio de las labores de los periodistas y ejercer actos que atentan en contra de la integridad física y laboral de los periodistas.
“No es la primera vez que la Policía agrede a periodistas y es preocupante que a esta fecha, la Policía no haya emitido disculpas públicas ni en contra de las agresiones a periodistas y tampoco han investigado estas violaciones a la Ley Disciplinaria Policial y violaciones a derechos de los periodistas y de la población salvadoreña”, manifestó Navas.
Informó que las responsabilidades en contra de las víctimas del 20 de agosto han sido individualizadas, por lo que requieren de la Inspectoría que de acuerdo al mandato en su Ley Orgánica sea esa institución la que investigue y no designe a policías, porque son ellos los que han sido identificados como los ejecutores de violencia en contra de los periodistas.
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Que sean las autoridades de la Inspectoría las que inicien el procedimiento sancionatorio disciplinario y sea la Inspectoría quien aplique las sanciones.
“También buscamos que la PNC vuelva la mirada al respeto a los derechos humanos que está en el Código de Conducta Policial. Es una institución garante de los derechos de la población, que se identifiquen a los responsables directos y a quienes ordenaron y quienes no investigaron, porque la Ley Disciplinaria Policial, establece como falta disciplinaria la omisión de investigación”, señaló Navas.