La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exige a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe ante las denuncias interpuestas por periodistas y que hasta la fecha no tienen avances en la investigación.
El pasado miércoles se dio a conocer el informe final de la comisión especial que investigó el acoso contra periodistas y medios independientes que son críticos del Gobierno, quienes han sufrido amenazas y ataques por parte del presidente Nayib Bukele y funcionarios de su gobierno, concluyó el documento.
“La Fiscalía tiene que actuar cuanto antes, lamentamos que hasta la fecha no haya agilizado procesos de investigación. Nosotros desde la APES seguimos pendientes de los casos de periodistas que tuvieron hurtos, meses atrás. Estamos en comunicación con los colegas y a la fecha nos han dicho que la Fiscalía no les ha dado indicios de los avances en la investigación”, señaló la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo.
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Añade que los periodistas han estado presentando pruebas de los posibles delitos cometidos contra ellos a la Fiscalía para que agilice los procesos y tome el papel que le corresponde.
“No es posible que la Fiscalía tenga un papel tan pasivo, y lamentaría mucho que aquí empiecen a matar a periodistas, y si ocurre eso, sí comiencen a hacer investigaciones al respecto”, sostuvo.
Según Cárcamo, el informe final de la comisión confirma el trabajo que la asociación ha venido realizando por medio de su centro de monitoreo desde hace varios meses, que confirma que uno de los principales agresores a la prensa es el propio gobierno, en este caso el presidente Nayib Bukele y sus funcionarios.
La APES considera necesario que se cumpla con las recomendaciones que expone el documento en cuanto al cese del acoso, la discriminación, los insultos, bloqueos a la información pública, dejar de usar recursos públicos para atacar a los periodistas y el de usar la pauta publicitaria gubernamental como premio o castigo, lo cual está afectando la sostenibilidad de diferentes medios de comunicación.
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Otro punto que destaca es la instrumentalización del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) para interferir en la línea editorial de medios de comunicación que administra, cuando la única función de la entidad es administrar los bienes económicos cuando sus propietarios enfrentan un proceso judicial.
Cárcamo manifiesta que además el informe fortalece la urgencia de retomar la propuesta de ley de protección a periodistas que está en la Asamblea Legislativa, “lo cierto es que no se ha comenzado a discutir el articulado”, opinó.
Agregó también que lamenta que diputados sigan negando las vulneraciones a la Prensa.
Conclusiones del informe de la comisión especial que investigó el acoso a periodistas:
En El Salvador existe acoso, discriminación y maltrato a periodistas por parte del gobierno, además de bloqueo a la información pública y acceso a funcionarios públicos hacia ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración.
Existe uso de recursos públicos para atacar a periodistas y opositores por parte del actual gobierno presidido por el presidente Nayib Bukele. El Ejecutivo además mantiene una política de ataque, intimidaciones y amenazas, que trascienden a entornos virtuales.
Los periodistas han manifestado el crecimiento exponencial de las agresiones por medio del accionar de los denominados “troles” quienes tienen como finalidad deslegitimar el trabajo de los periodistas y contrarrestar las críticas o señalamientos que los medios hacen al Ejecutivo.
Existe una posible injerencia del Consejo Nacional de la Administración de Bienes (Conab) en la línea editorial de medios que están bajo su administración, con la finalidad de difundir información falsa o datos tergiversados a favor del Gobierno.
El Ejecutivo, de forma deliberada, ha incumplido con las recomendaciones dadas por el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.