Las acciones del fin de semana que han llevado a cabo el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta; y el mismo presidente Nayib Bukele, en contra de periodistas, son con el propósito de ocultar la corrupción del gobierno y la manipulación que ejerce el Ejecutivo desde la Presidencia en otras instituciones del Estado.
Esta es una de las conclusiones que reveló el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga, este lunes en una conferencia de prensa en donde denunciaron el atropello, las agresiones y las amenazas basadas en “mentiras” que ejercen funcionarios del gobierno y el mismo presidente en contra de los periodistas en el libre ejercicio de su profesión.
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“Lo importante aquí es lo que han querido ocultar y es que la investigación de la Revista Gato Encerrado dejó al descubierto la manipulación que hay desde Capres hacia otras instituciones del Estado”, manifestó Fagoaga.
Una publicación periodística de la Revista Gato Encerrado reveló que el asesor jurídico de Capres se reunió con cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral antes de que la Sala de lo Constitucional “impuesta” emitiera una resolución en la que permiten al actual presidente optar por una reelección inmediatamente después de terminar su periodo en 2024.
Ante esto, Argueta salió al paso exigiendo a la periodista Karen Moreno de la Revista Gato Encerrado revelar quiénes son sus fuentes, violentando así las leyes y tratados que El Salvador ha firmado que protegen la reserva de las fuentes de información periodísticas.
Moreno señaló en rueda de prensa que a pesar de las amenazas que hagan los funcionarios públicos, y en este caso, el asesor jurídico de Capres no se detendrán de seguir haciendo “periodismo con rigurosidad y valentía”.
Además, señaló que Argueta no niega los hechos revelados en la publicación de la Revista Gato Encerrado, “más bien desacredita el ejercicio periodístico en lugar de negar los hechos allí publicados”.
El presidente de la APES agregó que Argueta conoce bien que las fuentes periodísticas están protegidas por distintas normativas, entre ellas, el Código Procesal Penal, la Ley de Rectificación y Respuesta y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
“Aquí el tema no es ignorancia, aunque de esa hay bastante en Capres, el tema es la malicia y la ilegalidad a la que está dispuesto a llegar el gobierno para coartar la libertad de prensa en El Salvador. Lo importante aquí es lo que han querido ocultar y es que la investigación de Gato Encerrado dejó al descubierto la manipulación que hay desde Capres hacia otras instituciones del Estado”, afirmó Fagoaga.
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Otro caso de denuncia de la APES son las amenazas en contra de su directivo William Gómez, a quien el propio presidente Bukele se encargó de acusar en su cuenta de Twitter de ser uno de los incitadores para que destruyeran un cajero de Bitcoin en las marchas de protesta en contra del gobierno el pasado 15 de septiembre.
Sin embargo, Gómez explicó y reveló mediante un video su vestuario ese día y detalles de su complexión física que no se comparan con el video que Bukele y otros funcionarios del gobierno divulgaron para amedrentar al directivo de la APES.
“Capres pretende hacer creer que un directivo de la APES está involucrado en la destrucción de un cajero Bitcoin, esa persona que aparece en videos y fotos no es William Gómez y eso lo sabe Capres. Es un peligro para la libertad de expresión que un funcionario público con semejante poder y megáfono mienta descaradamente. El gobierno sabe que ha mentido, Bukele sabe que distribuye falsedades en redes sociales, sabemos que es complicado contrarrestar la propaganda oficial, a quien desde la soberbia cree que puede mentir sin consecuencias”, apuntó el presidente de la APES.
Esta acción de amedrentamiento y amenazas en contra de Gómez deja en evidencia que el gobierno quiso ocultar el reportaje del periódico digital El Faro quien reveló este fin de semana que el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, vendió 42,909 sacos de alimentos que eran para afectados por la pandemia a un comerciante identifico como Ismael Oliverio Martínez Arévalo con antecedentes de contrabando.
En la Fiscalía ya existía un equipo que estaba investigando el caso, sin embargo fue disuelto por el actual fiscal general “impuesto”, Rodolfo Delgado.
De acuerdo con la investigación fiscal que cita El Faro, el director de Centros Penales vendió 38,500 botellas de aceite, 42,909 sacos de alimentos con arroz, azúcar y frijoles, con un valor estimado en más de $1.6 millones.
Las bolsas de alimentos que vendió Osiris Luna fueron compradas con fondos públicos destinados para afectados por la pandemia.
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