El viernes al mediodía, el abogado Javier Argueta, uno de los asesores jurídicos del presidente de la República, Nayib Bukele, escribió un tuit en el que amenazaba a la Revista Gato Encerrado por un reportaje publicado sobre una reunión que este funcionario habría tenido con cuatro de los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para informarles que la Sala de lo Constitucional, impuesta por el oficialismo, iba a emitir una resolución que avalaría la reelección presidencial de Bukele.
“Señores @GatoEncerradoSV si su fuente “anónima” no la exhiben, cuidado con las infracciones en las que caerán. No jueguen con la libertad de información creando historias. Lean la sentencia de Inconstitucionalidad 91-2007, y ahí verán de qué les hablo y léanla en detalle”, escribió Argueta.
El reportaje fue firmado por las periodistas Karen Moreno y Beatriz Benítez y está basado en dos fuentes del tribunal electoral que les proporcionaron la información a condición del anonimato, lo cual es un derecho legal que tienen los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes informativas.
Ese derecho está amparado en el art. 206 del Código Procesal Penal y el principio 8 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión, afirmó César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador.
“Desde la APES condenamos esta amenaza, porque hay que entender esto como una amenaza contra un medio de comunicación y, por lo tanto, contra la libertad de prensa en El Salvador; una amenaza que viene, además, de un alto funcionario del ejecutivo, uno de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República”, dijo Fagoaga en entrevista con El Diario de Hoy.
Los periodistas no deben revelar sus fuentes
De acuerdo con el presidente de la APES, los periodistas no están obligados a revelar la identidad de sus fuentes, pues es un derecho amparado tanto en leyes nacionales como internacionales.
“Las leyes, tanto nacionales como internacionales, protegen que los periodistas no revelen sus fuentes, por lo tanto asumimos que el señor Argueta no desconoce esas leyes y que por lo tanto esa amenaza solo puede estar basada en la malicia y en la ilegalidad”, aseguró Fagoaga.
El Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reza: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Por otra parte, el Código Procesal Penal de El Salvador, en el inciso segundo del artículo 206 indica que “los periodistas de profesión y aquellas personas que aun siendo otra su profesión ejerzan el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial; la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales, que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar”.
“Nos preocupa que esto sea una forma de amedrentar a las fuentes para que no hablen con periodistas. Tampoco hay que descartar que esto se trate de una cortina de humo para desviar la atención del descontento popular que fue bastante obvio el 15 de septiembre. Pero en cualquier caso, nosotros desde la APES lo condenamos, porque consideramos que es muy grave que alguien que supuestamente conoce las leyes, que alguien que antes abogó por la transparencia cuando era pagado por el sector privado, esté amenazando a la libertad de prensa”, puntualizó Fagoaga.
El presidente de la APES también señaló que si Argueta u otro funcionario consideran que con la publicación se cometió algún delito, hay leyes que castigan los delitos como difamación o calumnia; Fagoaga también les recordó a los funcionarios que existe la Ley de Rectificación y Derecho de Respuesta.
“Si el problema real fuera ese, veríamos a la Presidencia de la República haciendo uso de esa ley. ¿Por qué no hacen uso de esa ley? ¿Por qué están amenazando a los periodistas con que tienen que revelar sus fuentes?. Al día de hoy yo no he visto como respuesta a una investigación seria que han hecho medios tradicionales como El Diario de Hoy, o medios digitales como Gato Encerrado, que la respuesta oficial sea el uso de la Ley de Rectificación y Respuesta ¿Y sabes por qué? porque las investigaciones están bien sustentadas, porque son ciertas, y lo que les queda a los funcionarios públicos es amenazar al mensajero, en este caso al medio de comunicación y a sus periodistas”, puntualizó Fagoaga.
Director de Human Right Watch reitera derecho a proteger las fuentes
Por su parte, el director ejecutivo para América, de Human Right Watch, Miguel Vivanco, también reprochó las advertencias de Argueta hacia el medio digital salvadoreño, y le recordó al funcionario que la reserva de identidad de las fuentes está protegida por normas internacionales de derechos humanos.
“El asesor legal de Bukele @gomez_argueta amenaza con una retaliación judicial a @GatoEncerradoSV si no revela sus fuentes. La reserva de fuente está protegida por las normas internacionales de DDHH. Nuevo atropello del gobierno de Bukele contra la prensa”, expresó en su cuenta de Twitter.
El asesor legal de Bukele @gomez_argueta amenaza con una retaliación judicial a @GatoEncerradoSV si no revela sus fuentes.
La reserva de fuente está protegida por las normas internacionales de DDHH.
Nuevo atropello del gobierno de Bukele contra la prensa. https://t.co/0MfH5QZsL9
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) September 18, 2021
Mientras tanto, Karen Moreno, una de las periodistas que suscribió el reportaje, dijo que la acción de Argueta es el resultado de la cooptación que el Ejecutivo ha hecho de los Órganos del Estado y de las instituciones que se supone deberían de ser independientes, como el Tribunal Supremo Electoral.
Moreno dijo que ante la petición de revelar la identidad de las fuentes, dijo que hay respaldo jurídico sobre el tema. “Tenemos un compromiso con la protección de las fuentes y hay respaldo jurídico”, afirmó la periodista.