Hace más de dos años, la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados a la Información, presentaron en la Asamblea una propuesta de Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras relacionadas a la Información, desde entonces la Asamblea la menciona, pero su estudio se ha estancado.
Ahora la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), urge a los legisladores iniciar el análisis del anteproyecto, ante el “considerable aumento de afectaciones al gremio”.
Según la Asociación, durante las elecciones del pasado 28 de febrero se registraron 84 casos de agresiones contra periodistas de distintos medios de comunicación, esa cifra comparada con el monitoreo de los comicios realizados en 2018 y 2019, representa un 350% de incremento de denuncias de afectaciones a la labor periodística.
Agregan que en noviembre de 2020 la comisión especial que investigó las vulneraciones a la prensa generadas por el Ejecutivo recomendó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales retomar la propuesta de ley, pero es el caso que no se ha iniciado su discusión, dice la APES.
“Que dada la urgencia de aprobar esta normativa, es necesario establecer un mecanismo que asegure su pronta discusión y aprobación”, menciona la APES en su solicitud, por lo que solicitan crear una comisión ad hoc para el análisis de la propuesta de ley.
La comisión especial que investigó el acoso que sufren periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno concluyó en que las agresiones vienen en su mayoría de personeros o funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele.
En el informe final del trabajo de la comisión especial quedó plasmado que existe “acoso, discriminación y maltrato a periodistas por parte del Órgano Ejecutivo”, además, consideraron que en el país existe un bloqueo a la información pública y acceso a funcionarios públicos hacia ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración presidencial.
Entre sus consideraciones, se señala que existe uso de recursos públicos para atacar a periodistas y opositores por parte del gobierno. Además, consta en el informe que el Órgano Ejecutivo “mantiene una política de ataque, amenazas e intimidaciones, las cuales trascienden a entornos virtuales donde los comparecientes y declarantes, que fueron llamados al seno de la comisión, manifestaron el crecimiento exponencial de dichas agresiones”.
El documento fue aprobado por la Asamblea el 12 de noviembre de 2020 y remitido a organismos internacionales como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Amnistía Internacional; a Human Rights Watch; a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Secretaría de la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas; al Congreso y Senado de Estados Unidos, con atención al Congresista Eliot L. Engel, en su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes y al Parlamento Europeo.