Antonio Baños, director de Cáritas de El Salvador y representante del Movimiento Ciudadano por el Agua, cuestionó este viernes el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos que se estudia en la Asamblea Legislativa al considerar que es "una ley de agua disfrazada de privatización".
En la jornada del jueves, la comisión ad hoc que analiza la normativa concluyó con el estudio de los 164 artículos que regirán la ley que ha generado polémica con la oposición y organizaciones pro agua que coinciden, además, en que no resolverá el problema de acceso al agua en el país.
"Nosotros lo que vemos es señales que van hacia una privatización disfrazada (sobre ley de agua), incluso la mercantilización llamándole recursos hídricos y debería ser un bien público. Le han quitado en todo el concepto de bien hídrico al agua y le han puesto recurso hídrico, entonces el lenguaje está claro de que es una ley de que en su proceso de construcción lo han atropellado", señaló Baños en la entrevista matutina de TVX.
Baños, también, criticó que los miembros de las juntas de agua no hayan sido tomados en cuenta para la elaboración de la iniciativa. La diputada Dina Argueta, del FMLN, ha advertido que la población abastecida por estos sectores será la más afectada de llegar a ser aprobada la normativa tal cual concluyeron el análisis la bancada oficialista y sus aliados de GANA y PCN, pues afirmó que a las juntas se les estaría dando "una categoría de privadas".
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"Es decir de que las juntas de agua están dando el servicio a por lo menos el 25% de la población que recibe agua, porque hay que decirlo que aquí hay miles y miles de personas que no reciben agua por cañería, y muchas veces ubicadas estas poblaciones en donde se hace la recarga hídrica, en donde se está haciendo la infiltración de agua, pero ellos no la tienen. ¿De qué se abastecen? Comprando barriladas de agua, comprando pipas que les sale carísimo. ¿Cuánto vale un barril de agua? Para algunos desde $1 hasta $5", explicó Baños durante la entrevista.
Señaló que los aspectos como la participación ciudadana y el saneamiento "no están lo suficientemente desarrollados" en el proyecto y reprochó que las propuestas que como organización presentaron ante la comisión que estudia la ley del agua tampoco fueron tomadas en cuenta.
Cuestionó, además, que la comisión haya acordado permitir la explotación del agua hasta 15 años y respondió al diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, quien consideró que "la oposición" es la que critica dicho punto.
"Queda la comisión abierta para que le demos una nueva revisión a todos los articulados, ya sea ortográficamente para poder ver qué es lo que está mal. Además de eso yo también estoy solicitando que también veamos el artículo 61 para ver qué más candado le podemos poner en el tema de los 15 años que está diciendo la oposición. No es cierto eso, quiero dejarlo bien claro, es hasta, pero no es 15 años", planteó el legislador durante su intervención en la jornada de la comisión del jueves.
Al respecto Baños aclaró este viernes: "Yo quiero contestarle al diputado Cardoza, porque ayer (jueves) dijo: 'allí están los de la oposición que solo dicen cosas sobre las autorizaciones'. Le digo: diputado nosotros no somos oposición, nosotros habiendo sido invitados a aportar (a la comisión) y no haber tomado en cuenta también lo que nosotros hemos propuesto, les decimos: este país necesita una buena ley y en lo que han avanzado tienen muchas dificultades".
"El Estado no lo va decir si va privatizar el agua, en la práctica vamos a ver las concesiones disfrazadas que se van a dar como autorizaciones y la posibilidad del asocio público privado que va afectar a la población", añadió el director de Cáritas El Salvador.
El FMLN y organizaciones de ambientalistas han advertido que la ley de agua que se estudia en la Asamblea no resolverá el desabastecimiento de agua que enfrenta el país.
También han afirmado que permitir la explotación del recurso hasta 15 años provocaría la escasez del agua en dos años. No obstante, los diputados del oficialismo y sus aliados de GANA y PCN decidieron revertir lo reformado en el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos que presentó el gobierno a la Asamblea y volver al plazo original.
Es así que pasaron de 5 hasta 15 años los permisos de explotación del agua, cuando ya habían modificado esa parte dejándola en 5 años máximo por recomendación de las universidades y organizaciones de ambientalistas, entre otros sectores.
Aunque la comisión culminó el análisis del articulado del proyecto de ley aún tiene pendientes algunos detalles, entre estos el definir el nombre que tendrá la normativa.