Aunque la Asamblea Legislativa no es la facultada para proceder con la petición de desafuero de la Fiscalía en contra del legislador de ARENA, Norman Quijano, electo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), los diputados oficialistas de la comisión especial de antejuicio dieron por admitida este lunes la solicitud de desafuero.
“Las partes han sido notificadas y esperamos la respuesta del diputado Norman Quijano. La comisión quedó abierta para sesionar cuando el proceso lo estime conveniente”, expresó el presidente de la comisión especial, diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo.
Además, juramentaron al abogado Carlos Armando Rodezno, de la Unidad de Asesoría Técnica, como notificador en el proceso de antejuicio.
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También aprobaron continuar con las siguientes etapas del proceso de antejuicio que son: la apertura y recepción de pruebas; la exposición de alegatos por parte de los fiscales y la defensa; y el análisis de las pruebas, discusión y emisión del dictamen.
Sin embargo, abogados han expresado que la Asamblea no tiene la facultad para proceder con la petición de la Fiscalía, sino el Parlacen de donde Quijano es parlamentario.
“Una vez más este procedimiento se los van a volver a anular porque el que hizo el requerimiento fiscal o lo asesoró no se dio cuenta de la reforma del 2008 (Tratado Constitutivo del Parlacen) y volvió a meter otra ilegalidad más a esta situación”, explicó el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, quien también es abogado constitucionalista.
Según esa reforma de 2008 al artículo 22 del Tratado Constitutivo del Parlacen, se establece que el “Parlamento Centroamericano regulará el procedimiento para el levantamiento y suspensión de las inmunidades y los privilegios de los diputados, en un plazo no mayor a los 60 días”.
Además, estipula que el Parlacen a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el Diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus Diputados.
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Malcolm Cartagena, experto electoral, explicó que el Reglamento Interno del Parlacen que entró en vigencia el 27 de mayo del 2015 estipula en el artículo 29 que: “la petición para la suspensión de la Inmunidad Parlamentaria de una Diputada o Diputado Centroamericano debe ser dirigida a la Presidenta o Presidente del Parlacen, contenida en un suplicatorio, que debe ser remitido, por la autoridad competente del Estado solicitante”.
Al artículo añade que esto debe hacerse “de conformidad y en absoluto respeto a las disposiciones normativas del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, al ordenamiento jurídico del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al Derecho Internacional Público, así como a las normas constitucionales del Estado Parte correspondiente”.
La Fiscalía acusa a Quijano de agrupaciones ilícitas y fraude electoral por presuntas negociaciones con pandillas en 2014.
Al respecto, la diputada de ARENA Rosa Romero cuestionó que si se pretende la captura de Quijano “¿Quién lo hará?” porque él está fuera del país y la Interpol ya se desligó por no cumplir requisitos y relacionar el hecho con un asunto de interés político.
“Lo que acá se está haciendo no es persiguiendo la corrupción sino atacar las voces críticas, a la oposición y una persecución”, concluyó.
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