La Fiscalía General pidió esta mañana el desafuero para el viceministro de Seguridad y director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas ante la Asamblea Legislativa por haber incumplido los deberes que le ordena la Ley, en perjuicio de la Administración Pública, según el ente fiscal.
La petición es para quitarle el fuero constitucional a Arriaza Chicas en su calidad de viceministro de Seguridad Pública, cargo que ocupa desde el 9 de octubre pasado.
“En este caso el Director de la Policía Nacional Civil, ahora Viceministro de Swguridad Pública, ha incumplido sus deberes al no acatar una solicitud de un Órgano del Estado, por lo consiguiente, ha habido un quebrantamiento al Estado de Derecho y a la democracia de nuestro país”, dijo uno de los fiscales del caso.
El Órgano Legislativo informó a la Fiscalía General que Arriaza Chicas no cumplió en dos ocasiones con la orden emanada por esa institución de llevar por apremio a los ministros de Hacienda y de Salud a la comisión especial que investiga los gastos de los fondos públicos en la emergencia por la pandemia del COVID-19.
La solicitud es para evaluar quitarle el fuero al funcionario en su rol de viceministro de seguridad pública
En vez de cumplir la orden, Arriaza Chicas justificó mediante una carta ante los diputados que el ministro de Hacienda tenía “causa justificada basada en el ordenamiento constitucional” para no asistir a los citatorios que los legisladores le hicieron en tres ocasiones.
Tampoco no cumplió con la orden del ente fiscal de despejar la entrada al relleno sanitario de Nejapa que había sido bloqueada por sindicalistas afines al gobierno.
La Fiscalía informó que se pidió el desafuero para Arriaza Chicas por el delito de incumplimiento de deberes para que pueda ser procesado en los tribunales de justicia comunes.
El 9 de octubre pasado, el presidente Nayib Bukele nombró como viceministro de Seguridad a Arriaza Chicas en un intento por frenar que sea acusado ante los tribunales de justicia comunes, sin antes ser despojado de su fuero constitucional por la Asamblea Legislativa, según abogados consultados.
El abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya calificó el nombramiento del Director de la Policía como Viceministro de Seguridad Pública ad honorem como un “fraude a la Constitución y un fraude a la ley”.