El economista Rafael Lemus cuestionó la ley que permite expropiar inmuebles que se aprobó durante la plenaria del martes en la Asamblea Legislativa por considerar que ahora "el propietario de manera individual tiene más probabilidad de perder y de imponerse el Estado".
Se trata de la nueva Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales avalada con 62 votos a favor de la bancada oficialista y sus aliados, la cual ha generado críticas por parte de expertos por las facultades que aseguran atribuye a las autoridades sobre los dueños de las propiedades que sean consideradas de "interés público".
Para Lemus el procedimiento "es delicado", pues recordó que en la Constitución de la República "siempre se había hecho para obras de interés nacional" y que en este "había una especie de entendimiento con el dueño y la institución de gobierno y eso tomaba su tiempo hasta que el propietario quedaba conforme más o menos con la indemnización y eso incluso podía tomar años".
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Contrario a lo que asegura se pretende aplicar con la nueva normativa avalada por los legisladores encaminada a obras de interés municipal. "Hoy lo que están haciendo con esta ley es un proceso expedito en el que se define este inmueble se requiere para esta obra, literalmente lo quitan y después puede haber un diferendo o el propietario puede ir a apelar sobre el monto de la indemnización, pero ya no sobre el bien".
El abogado constitucionalista Enrique Anaya advirtió que la nueva ley pretende expropiar los inmuebles cuando así lo requieran las autoridades.
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"Es falso que el juez apruebe la expropiación: según el mamaracho legislativo, el juez solo conocerá sobre el monto, pero nunca sobre la confiscación. Así que, en realidad, expropiarán casas y terrenos, los invadirán y el dueño solo se queda peleando cuánto le darán", escribió Anaya en Twitter.
"Eso sí es delicado porque estamos hablando que por ejemplo el reconocimiento los montos, la plusvalía y todo eso no va a ser reconocido y se va a prestar a abusos y probablemente a intereses muy particulares del alcalde" que se interese en determinado terreno para ejecutar algún proyecto. "Eso no es desarrollo", señaló el economista Lemus, quien añadió que la normativa incluye "expropiar a privados".
Será la recién creada Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), quien tiene la facultad para disponer de cualquier inmueble, a un precio a evaluar, si un juez admite petición de declaratoria de interés municipal.
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Por su parte, la abogada Ruth Eleonora López, de Cristosal, explicó que “es una ley que no ofrece garantías a los titulares de los inmuebles que sean considerados por el gobierno de utilidad pública o necesidad social”.
“La administración pública puede ir a un juez a pedir que se declare el dominio eminente y sin haber emitido la sentencia, el juez podría autorizar la ejecución de obras, como demoliciones”, dijo. “es evidente que las afectaciones serían irreversibles”, auguró López.