El presidente de Fundación DTJ, José Marinero, indicó que la modificación presupuestaria solicitada este miércoles por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para combatir la delincuencia en el país, evidencia improvisación, opacidad y la inoperancia del Plan Control Territorial.
En la sesión plenaria extraordinaria de ayer, la Asamblea aprobó de forma exprés una asignación adicional al presupuesto destinado a los cuerpos de seguridad para este 2022.
La Policía Nacional Civil recibirá $60 millones adicionales, mientras que la Fuerza Armada obtendrá $20 millones.
"Creo que debería sorprender que en 2 días lograron identificar las necesidades concretas que se atenderán con esos recursos", dijo Marinero.
En ese sentido, él manifestó que una decisión apresurada de esta naturaleza indica tres cosas. Primero, "evidencia improvisación en la gestión de las políticas de seguridad y refuerza la noción de que el Plan Control Territorial ha sido solo un recurso publicitario".
Además, opinó que se continúa la práctica de opacidad y resistencia a la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, pues "estos fondos se han aprobado sin discusión y sin explicar en qué específicamente se utilizarán, más allá de lo que dice el decreto".
Añadió que subraya la tendencia a continuar militarizando la seguridad pública, pues $20 millones de los aprobados son para la Fuerza Armada. "las Fuerzas Armadas dejaron de ser accesorias a esta función que corresponde constitucionalmente a la PNC y se han convertido en el actor principal", señaló Marinero.
De igual manera opinó el abogado y politólogo, Wilson Sandoval. El aclaró que no se cuestiona que se equipe a la PNC para hacer frente a la seguridad pública, pero subrayó que "cualquier fondo entregado, cualquier fondo aprobado por la Asamblea Legislativa, debe hacerse a tenor de criterios de publicidad y transparencia, es decir, que se rinda cuentas de cómo han de ser utilizados".
En relación a fondos para la Fuerza Armada, Sandoval consideró que "es un tema debatible, puesto que el ejército no es el encargado de la seguridad pública, sino la PNC".
En tal sentido, planteó que los fondos deberían ir a la policía de manera prioritaria, quienes son los responsables según la Constitución de la República de velar por el orden público y la seguridad de los salvadoreños.
"No es la Fuerza Armada quienes históricamente, han sido un cuerpo que no esta diseñado para temas de seguridad frente a un problema como las pandillas", concluyó Sandoval.