Ana Ligia de Saca confesará haber lavado dinero de los fondos de Casa Presidencial a cambio de no ir a la cárcel

La ex primera Dama confesará los delitos que le imputan a cambio de una pena de tres años de prisión reemplazados por trabajos de utilidad pública, según confirmó su defensor.

Foto EDH /Archivo

Por Liseth Alas / David Marroquín / Diana Escalante

Abr 01, 2019- 11:07

La audiencia preliminar prevista para este lunes en contra la ex primera dama de la República, Ana Ligia Mixco de Saca, y otras 15 personas acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado dinero fue suspendida y reprogramada para mayo.

La diligencia se disponía a comenzar en horas de la mañana cuando se conoció que la ex primera Dama confesará haber lavado dinero de los fondos de Casa Presidencial a cambio de una pena de tres años de prisión reemplazados por trabajos de utilidad pública, según confirmó su defensor Miguel Flores Durel.

La defensa pidió el proceso abreviado en el que Mixco de Saca aceptaría que cometió el delito y el juez Séptimo de Instrucción pidió el acuerdo formal abreviado a favor de la ex funcionaria, por lo que la audiencia fue trasladada para las 2:00 de la tarde.

“Uno de los requisitos del procedimiento abreviado es la confesión, vamos a verificar si eso se materializa… El juez después de verificar si los requisitos del procedimiento abreviado se dan, es decir, la confesión del imputado, que la defensa dice que se dio sin coacción alguna, cumpliéndose los requisitos que la ley establece. El juez como director del proceso toma la decisión de autorizar eventualmente dentro del marco de la legalidad, el procedimiento abreviado”, explicó Flores Durel.

En lo que no está de acuerdo el abogado Flores Durel es en relación a la responsabilidad civil por cuanto que en este proceso se habla de “un bien jurídico que es el orden socioeconómico y hay otras vías u otros cuerpos normativos para reclamar situaciones, no la acción civil dentro de un proceso penal”.

Sin embargo, la diligencia judicial tampoco se instaló por la tarde debido a que otros seis sospechosos, también, pidieron someterse al mismo procedimiento que Ana Ligia.

Los imputados que hicieron un acuerdo con la FGR para adherirse al mecanismo son: María Emma Suazo, Sonia Guadalupe Morales, Julio Roberto Zamora, Ángel González, Oswaldo Orantes Marenco y César Funes Cruz.

Entre tanto, la audiencia preliminar contra los procesados se desarrollará del 13 al 17 de mayo.

Según la acusación de la Fiscalía, la ex primera dama y el resto de sospechosos habrían lavado o legalizado 17 millones de dólares durante la administración Saca (2004 y 2009).

“Supuestamente estas personas naturales utilizaron sus cuentas bancarias y sus empresas para ocultar el origen ilícito del dinero”, señaló un comunicado del Centro Judicial.

El pasado 28 de marzo, la FGR presentó ante el tribunal un informe que consta de 3,429 folios o páginas en las cuales, asegura, se detallan y sustentan los hechos atribuidos a los implicados.

Los procesados se encuentran gozando de medidas alternativas a la detención.

Los acusados son: Ana Ligia Mixco de Saca, su hermano Óscar Edgardo Mixco, así como José Antonio Lemus, Ricardo Ernesto Lemus, José Antonio Lemus Zelaya, César Daniel Funes, Gerardo Antonio Funes, Julio Roberto Zamora, Sonia Guadalupe Morales, María Emma Suazo, Ángel José Montoya, Oswaldo Octavio Orantes y Milton Romeo Avilés.

La Fiscalía denominó a este proceso “Destape a la Corrupción fase II”, el cual está ligado al caso del expresidente Saca, quien fue condenado por lavado de 300 millones de dólares, que salieron de la cuenta subsidiaria de Casa Presidencial hacia cuentas de terceros.

El exmandatario también confesó cómo sustrajo fondos del Estado y cómo los gastó en su beneficio y el de sus cómplices a cambio de un proceso abreviado. Saca logró que la Fiscalía pidiera al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que, con base en el artículo 380 del Código Procesal Penal, se le condene únicamente a 10 años de prisión, es decir, cinco años de reclusión por cada delito admitido.

Ahora el exmandatario enfrenta un nuevo proceso por presuntamente intentar sobornar a un empleado judicial.

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