El Juzgado Décimo Tercero de Paz ordenó los allanamientos de 22 dependencias, locales, oficinas públicas y empresas vinculadas con las compras y ventas de insumos o productos utilizados en la emergencia de la pandemia del COVID-19, confirmaron fuentes judiciales.
“Se autoriza a efectuar el secuestro de los objetos relacionados con los ilícitos de negociaciones ilícitas; así como la localización de otros objetos provenientes de y otros ilícitos penales o más indicios que ayuden en el esclarecimiento de la investigación, o que tengan relación con otros delitos; así como aquellos que por su naturaleza sean objeto de secuestro”, señala la resolución judicial.
En otra resolución del 10 de noviembre, el juzgado Décimo Tercero de Paz autoriza a los fiscales el acceso a los servidores del Ministerio de Salud Pública y de la UACI de la referida institución con el fin de extraer información de las órdenes de compra.
A lo anterior se suma la autorización a los fiscales para acceder a los correos electrónicos del ministro de Salud, Francisco Alabí, Ana del Carmen Orellana Bendek, y de otras 32 empleados del referido ministerio.
LOS INVESTIGADOS
Seis entidades del gobierno y once empresasproveedoras son investigadas por la FiscalíaGeneral por supuestas compras amañadas.
LAS INSTITUCIONES
Ministerio de SaludFondo Ambiental de El Salvador (FONAES)
Ministerio de Medio AmbienteAndaMinisterio de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Hacienda
LAS EMPRESAS
Inversiones Salvadoreñas de Materiales Insema
SYGM Asesores
SCI AUDIT TAX ADVISOR
GRUPO GME Inversiones
Autodo
Networklat Inversiones
Inversiones de café Zarco Idecafez
Trade Wins
Cinco sentidos
Recicladora Arévalo
Empresa Blanca Yudith Meléndez Portillo
También, el juzgado avaló otra prórroga a la vigencia del allanamiento en el referido ministerio hasta mañana sábado con el propósito de extraer las bases de datos relacionados a las supuestas compras amañadas.
La unidad anticorrupción de la Fiscalía General investiga 17 casos relacionados a supuestas compras amañadas de insumos y productos médicos por parte de instituciones del gobierno en la emergencia de la pandemia del COVID-19. En uno de los casos hay compras de hasta $12 millones, en las que se han encontrado irregularidades.
Los fiscales aseguraron ayer tarde en conferencia de prensa que las investigaciones comenzaron con tres avisos interpuestos por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIES) en los que se advierte de posibles negociaciones ilícitas en las referidas compras.
“Investigamos el aprovechamiento de la calamidad pública del COVID-19 para favorecer a personas como familiares o amigos de funcionarios”, dijo una fiscal anticorrupción.
La petición de los allanamientos fue hecha el pasado fin de semana por la Fiscalía General a la oficina distribuidora de procesos y fue esta dependencia la que decidió que el juzgado Décimo Tercero de Paz estudiara si procedía o no la petición fiscal.
El referido juzgado verificó que la solicitud había sido presentada de “legal forma” y autorizó una sola orden de allanamiento, pero para las 22 dependencias estatales y empresas privadas, explicaron las fuentes.
La investigación es por el delito de negociaciones ilícitas por compras realizadas por ministerios e instituciones públicas a empresas como Insema, Idecafez, Trade Winds, Reto Recicla, Javi Performance Parts, Sygm Asesores y Grupo GME Inversiones, entre otras.
Para justificar la petición de los allanamientos, Fiscalía presentó al referido juzgado “los avisos de irregularidades emitidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) , la falta de formalidades y la falta de cláusulas en los contratos tanto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como el resto de contratos que se han tenido a la vista, así como el resto de diligencias presentadas constituyen indicios suficientes para sobre la base de lo expuesto acreditar el allanamiento solicitado”.
En la resolución, el tribunal advierte a los propietarios o responsable de dichos inmuebles a registrar que “si no permiten el ingreso voluntario de las personas que practiquen el registro, este tribunal autoriza se practique el registro mediante el allanamiento de morada, de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del Código Procesal Penal”.
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El martes, funcionarios y miembros de la seguridad del Ministerio de Salud intentaron bloquear el ingreso de los fiscales que hacían el allanamiento desde el lunes. Luego se unieron policías que exigieron a la seguridad de los fiscales que andaban armados que les entregaran sus pistolas para verificar la legalidad de las mismas.