Para 2018, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reportó un imparable aumento de actividades ante la creciente actividad financiera que involucran activos o moneda virtual, por lo que en 2020 actualizó una serie de recomendaciones a los países para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo entre otros delitos.
Esta instancia internacional trabaja contra la corrupción y el financiamiento del terrorismo internacional, que es integrada por 190 países, entre los que figura El Salvador, emitió señales de alerta de cometimiento de delitos en transacciones financieras vía activos virtuales.
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Evasión fiscal y evasión de sanciones fueron parte de los delitos reportados entre 2017 a 2020, así como otros relacionados a venta de sustancias controladas y otros artículos ilegales que incluye armas de fuego. Además reportaron fraude, delitos informáticos como robos, explotación infantil, trata de personas entre otros.
En una segunda categoría, reportaron uso de activos virtuales para cometer fraudes, estafas y hasta secuestro de archivos cambio de rescate y también extorsión.
Para ejemplo, el informe de alerta detalla un caso en el que a un proveedor de servicio se le detectó “grandes cantidades de activos virtuales por parte de varias personas y sus posteriores transferencias inmediatas a un proveedor en una jurisdicción extranjera. En varios casos las personas compartieron la misma dirección residencial y se accedió a la mayoría de las direcciones de activos virtuales desde la misma dirección IP, lo que indica el posible uso de ‘mulas” por parte de lavadores de dinero profesionales para lavar las ganancias ilícitas”.
Dada sus “características intrínsecas” y en que además se da “un mayor anonimato”, eso dificulta la identificación y verificación de la identidad del cliente. Esto, añade, la convierte en una herramienta idónea para ser utilizada en las actividades ilícitas.
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Si bien considera que: “Los activos virtuales y los servicios financieros relacionados tienen el potencial de estimular la innovación financiera y la eficiencia y mejorar la inclusión financiera, pero también crean nuevas oportunidades para que delincuentes y terroristas blanqueen sus ganancias o financien sus actividades ilícitas”.
Para el GAFI existe un “elevado nivel de riesgo que comportan las distintas formas de intercambio entre criptomonedas y dinero fiduciario o de curso legal y otros activos virtuales, así como los servicios de custodia y/o administración que permiten su control, la participación y la prestación de servicios financieros asociados su comercio y otros riesgos inherentes a los mismos como el carácter pseudónimo o anónimo de las transacciones y los pagos recibidos de terceros no conocidos, el GAFI insta a los países a adoptar medidas reforzadas de diligencia debidas.
Partiendo de la naturaleza de las transacciones con dinero virtual, el GAFI recomienda, por ejemplo, la comprobación de la información aportada por el cliente relativa a su identidad y contrastarlo con base de datos de terceros, así como identificar la dirección IP del cliente y buscar cualquier otra información complementaria que permita corroborar la coherencia entre la actividad del cliente con el perfil de sus transacciones.
Un punto en el que se enfocó también el GAFI es asegurar la obtención de información sobre el origen de los fondos, la motivación de las transacciones previstas o realizadas y la realización de un seguimiento continuado de la relación de negocio y establecer incluso un “umbral cuantitativo” a partir del cual los proveedores deberán aplicar medidas de diligencia debida para todo tipo de transacciones con activos virtuales, incluyendo transacciones ocasionales por encima de 1,000 euros o dólares estadounidenses.
Otra de sus recomendaciones es que los que los países creen políticas a corto y largo plazo, debido a que el sector de los activos virtuales se encuentra en continua evolución.
Sobre los proveedores del servicio
Con respecto a los PSAV (Proveedores de servicios de activos virtuales) dice el GAFI, es necesario que se identifique, evalúe y adopte medidas efectivas para mitigar los riesgos asociados con el suministro o la participación en actividades relacionadas con activos virtuales o con la oferta de productos o servicios asociados a los mismos.
Para el GAFI, los proveedores deben estar sujetos a sistemas efectivos de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de los requisitos nacionales sobre PBC/FT, establece el GAFI, y que ese control debe estar enfocado al riesgo, y que los proveedores cumplan las disposiciones y sujetos a un régimen inspector y sancionador disuasorio de índole civil, penal o administrativo aplicable a los mismos y a sus órganos de administración y dirección.
El GAFI recordó en mayo del 2020 que los países debían activar estas recomendaciones, dado que “en el contexto de las actividades relacionadas con los activos virtuales y reconoce que “la amenaza del uso delictivo y terrorista de los activos virtuales es grave y urgente”.