Un operativo antidoping realizado en las últimas horas en San Salvador dejó como resultado 12 conductores en estado de ebriedad detenidos, informó la Policía Nacional Civil.
Entre los capturados está una mujer, quien fue identificada como Natalia Escalante, de 41 años, ella se conducía por el Bulevar Los Héroes cuando fue interceptada por los agentes de tránsito de la PNC.
Su prueba antidoping arrojó 0.121 grados de alcohol. Samuel Lemus, un motociclista de una empresa de entregas a domicilio, es otro de los infractores. El alcotest arrojó 0.382 grados.
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Esta madrugada capturamos a 12 conductores peligrosos en un dispositivo antidoping ejecutado en San Salvador.
La cantidad más alta de alcohol en sangre fue detectada al motociclista Samuel Jordán Lemus con 0.382 grados. pic.twitter.com/Jgg85I71N4
— PNC El Salvador (@PNCSV) December 4, 2021
Otro de los detenidos es William Solórzano, de 36 años, con 0.379 grados.
Los demás conductores presentaron entre 140 y 211 grados. Las autoridades señalaron que todos serán remitidos a la Fiscalía General de la República donde deberán enfrentar el debido proceso en su contra.
Según la ley, si un conductor presenta más de 100 grados de alcohol es detenido y multado con $57.14. Además del retiro de placas e iniciar un proceso judicial en su contra.
En El Salvador, el límite máximo permitido de alcohol a los conductores es de 46 miligramos, y es tipificado como delito de conducción peligrosa cuando se superan los 99 miligramos, según el Reglamento del Transporte Terrestre de El Salvador.
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El pasado 21 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó condenas de hasta ocho años de prisión para quienes son procesados por conducción peligrosa, delito que contempla a conductores alcoholizados o que hayan consumido algún tipo de drogas o ambas, disputar la vía y realizar competencias ilegales en la vía pública.
Antes de esta reforma las condenas por este delito eran de uno a tres años de cárcel, y un incremento de hasta dos terceras partes si se trata de transporte de carga y de pasajeros. Ahora los infractores pasa a una pena mínima de cuatro y un máximo de seis años para vehículos particulares. Para los casos en los que se vea involucrado transporte de carga o de pasajeros, la condena mínima será de cinco y la máxima de ocho años.