A la comisión especial de la Asamblea que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno, llegó el informe de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), el cual discrepa dimensionalmente sobre las muertes que el gobierno informa que hay por COVID-19.
Según el reporte de los alcaldes que comprende los decesos por la enfermedad de marzo a septiembre, hay una diferencia de 699 fallecidos más que los que informa el Ejecutivo.
En la página web oficialista de los casos de COVID se detalla que hasta ayer habían 929 personas fallecidas a causa del virus, pero según el reporte que enviaron 236 alcaldes de igual número de municipios a la Asamblea, el total de muertes por la enfermedad es de 1,628 con diagnóstico confirmado por COVID.
“Equivale al 90% del total de las localidades. COMURES reporta 1,628 entierros con diagnóstico COVID, 3,268 entierros con diagnóstico de sospecha de COVID y 1,185 entierros con diagnóstico de neumonía atípica en cementerios públicos y privados”, informó el diputado Emilio Corea, de ARENA.
Según el cuadro comparativo al que tuvo acceso El Diario de Hoy se observa que la tendencia al alza de muertes por COVID-19 se da en los mismos departamentos que reportaron anteriormente los alcaldes: San Salvador informa de 615 muertos por COVID; Sonsonate 268 fallecidos; La Libertad 122 casos; La Unión 97 muertos; Ahuachapán 91; Cuscatlán 86 casos; San Miguel 73; San Vicente 61 fallecidos; La Paz 67 muertos; Santa Ana 58; Chalatenango 40 casos y Morazán 35 muertes.
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Los que menos muertes reportan son: Usulután con 14 fallecidos y Cabañas 1 muerto nada más. Este es el segundo informe que hacen llegar los alcaldes, el primero solo contenía datos de 172 alcaldías, pero ahora las cifras son las que reportan 236 municipalidades, quedando pendientes de entregar la información 26 comunas del país.
Según Corea, a los alcaldes que no han enviado los datos les han dado 10 días para hacerlo, pero si los alcaldes de estos municipios no envían los datos requeridos, serán citados uno a uno en la comisión especial.
“Esto nos viene a confirmar que el gobierno ha estado mintiendo y ha estado manipulando la información, ha estado tergiversando la información a su conveniencia, por eso están decretando dos años de reserva de casos”, puntualizó Corea.