Luego de cinco días de huelga de sindicalistas de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), el Juzgado Ambiental de Santa Tecla ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) que verifique el desbloqueo del Centro de Operaciones 5 de Noviembre, que interrumpía el trabajo del área de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador.
La resolución del juzgado Ambiental ordena que en 24 horas la PNC rinda un informe detallado con las acciones para evitar este tipo de bloqueos, y que elimine cualquier tipo de obstáculos para que se realice el proceso de recolección de basura con normalidad.
La huelga en el centro de operaciones impedía la entrada de los camiones con basura, con lo cual se interrumpía también la recolección y tareas de limpieza en la capital. Los camiones recolectan 600 toneladas de desechos sólidos diarias en toda la capital.
En los días de la huelga, empleados de desechos sólidos denunciaron que les impedían la entrada y realizar su trabajo en el centro de operaciones.
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo que nuevamente funciona la institucionalidad del país al poder liberar los 50 camiones recolectores de basura que estuvieron “secuestrados”.
“Las turbas de Mario Durán y Rolando Castro buscan llenar la ciudad de basura, afectar el medio ambiente, afectar la salud de la gente, todo por un interés particular del señor Durán que no le importa afectar a la ciudadanía”, sostuvo el alcalde de San Salvador.
Lamentó que durante los cinco días de la huelga la PNC haya actuado como cómplice de los sindicalistas , a quienes califica de turbas del candidato a alcalde por la capital del partido Nuevas Ideas, y del ministro de Trabajo, Rolando Castro.
El alcalde Muyshondt señaló que la Policía actuó para proteger a los sindicalistas, además de afirmar que la organización Astram constantemente ha realizado este tipo de bloqueos que tienen objetivos políticos electorales, los cuales afectan a la población.
La resolución del juzgado Ambiental especifica que la PNC, de acuerdo a sus obligaciones constitucionales, en relación a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, de be garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, por lo que le indica que debe haber una intervención de la Policía cuando sucedan acciones en contra del medio ambiente.