Tras casi 16 horas de audiencia inicial en contra del alcalde de Coatepeque, Jorge Alberto Rivas, parte de su concejo municipal y empresarios constructores, la jueza de Paz de Coatepeque resolvió que los procesados deberán enfrentar el proceso judicial en su contra en libertad. Son acusados de cobrar por obras no ejecutadas.
En la audiencia, que finalizó alrededor de la 1:00 de la madrugada de este domingo, la juzgadora determinó que los imputados solo deberán cumplir medidas alternas a la prisión como no salir del país, presentarse periódicamente a firmar al juzgado y no cambiarse de domicilio sin autorización.
La audiencia inicial se instaló cerca de las 10:00 de la mañana del sábado no en el Juzgado de Paz de Coatepeque, sino en un centro educativo local por 11 proyectos valorados en $441,000, que según investigaciones de la Fiscalía General de la República no se desarrollaron en los dos últimos periodos municipales.
En total 25 son los imputados, quienes fueron capturados el 24 de septiembre en un amplio operativo ordenado por la Fiscalía en Coatepeque. El sábado 28 de septiembre, el Juzgado de Paz de Coatepeque les abrió un proceso judicial en su contra por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas.
La Fiscalía pidió a la jueza de Paz que ordenare la detención, pero la juzgadora al finalizar la audiencia inicial, determinó que los procesados continúen el proceso en libertad.
La Fiscalía sostiene que la investigación concluyó que el alcalde de Coatepeque simuló priorizar 10 proyectos en dos gestiones al frente de la comuna de ese municipio, además que escogió el modelo de libre gestión que le demandaba elaborar una carpeta técnica para cada obra, designarla a un responsable para la revisión y nombrar el encargado de la supervisión del desarrollo de la misma. “Al final no se supervisaba nada porque no se realizó ningún proyecto pero hacían un acta de entrega de la obra”, afirmó uno de los fiscales.
De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde, el concejo y su equipo de empleados han masificado su forma de actuar. “Ellos autorizaron diez construcciones, el proyecto número once era una contratación de telefonía celular que era para el servicio de los empleados municipales pero a nadie se les había asignado”.
“Se dice diez proyectos porque eran las construcciones que ellos autorizaron, el 11 avo proyecto era una contratación de telefonía celular que eran para el servicio de los empleados pero ninguno estaba asignado a ellos. Esa fue la forma de operar en dos periodos de 2012 a 2015 y de 2015 a 2018 pero ninguno de los proyectos fue realizado”, aclaró el fiscal.
Los proyectos que están en litigio era construcciones de canaletas, cunetas, cordón y pavimentaciones, así como otra obras como fachada del cementerio de Coatepeque.
“Llevamos dos periodos 2012-2015 y 2015-2018 y fue la misma forma de operar, si fuéramos más atrás encontraríamos mucho más cosas, ninguno de los proyectos fue realizado”, subrayó uno de los cuatro fiscales que llevan el proceso.
Pero los abogados defensores tienen su propia versión de la acusación, ellos aseguran que los empresarios constructores terminaron y entregaron las obras y que fueron debidamente auditados por la Corte de Cuentas.
Ricardo Meneses, uno de los abogado del alcalde Rivas manifestó que cuentan con finiquitos de la Corte de Cuentas que certifican las obras realizadas. Los diez proyectos están completamente desarrollados y auditados por la Corte de Cuentas, proyecto por proyecto. Tienen pruebas contundentes que demuestran la legalidad de realización de obras.
“La acusación de la Fiscalía es frívola y sin fundamento tal es así que ni siquiera hicieron inspecciones para verificar”, afirmó Ricardo Martínez, defensor del alcalde.
Dijeron que es bastante apresurada la acusación de la Fiscalía porque las obras se construyeron, ahí está la fachada del cementerio, las calles, cordones, y cunetas fueron construidas.
La defensa dice que bastaba que la jueza vaya a los lugares donde están las obras para que corroborar lo dicho por ellos. “Como va a ser que no se vea el concretado, parecería hasta risible que Fiscalía diga que no se han realizado las pruebas”.
Además todos los proyectos llevaron el proceso de oferta, evaluación de las mismas y todos los requisitos que contempla la Lacap”.
El cumplimiento de las obras ha sido tal que ni la Corte de Cuentas los ha observado, de haber irregularidades los peritos deberían estar aquí procesados por no hacer bien su trabajo.
“Aquí ni discutible es si existe o no delito y si operara el estado de derecho los acusados podrían demandar por haberles acusado de una circunstancia fácilmente comprobable de que no es delito y dejarlos en libertad”.
Uno de los abogados del alcalde Rivas manifestó que cuentan con finiquitos de la Corte de Cuentas que certifican las obras realizadas. Y asegura que tienen pruebas contundentes que demuestran la legalidad y la realización de las obras.
“La acusación de la Fiscalía es frívola y sin fundamento tal es así que ni siquiera hicieron inspecciones para verificar”, afirmó Ricardo Martínez, defensor del alcalde.