Tras pasar dos años en detención preventiva sin que haya una sentencia condenatoria o absolutoria, David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones del expresidente prófugo, Mauricio Funes; y cinco acusados más en el caso de corrupción Saqueo Público en el que supuestamente sustrajeron $351 millones de fondos públicos, serán procesados en libertad.
El Juzgado Séptimo de Instrucción decidió otorgarles la libertad, además de Marciano Rivas; a Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de Contabilidad de Casa Presidencial; Ana Elizabeth Coto, exasistente de Francisco Cáceres, exsecretario Privado de Funes; Jorge
Alfredo Rodríguez Mendoza, Luis Miguel Ángel García, y Jorge Alberto Herrera Castellanos; exjefe de Tesorería de Casa Presidencial.
El caso Saqueo Público es una investigación que realizó la Fiscalía General, con la que descubrió una red de corrupción que supuestamente dirigía el expresidente prófugo Mauricio Funes, que desvió $351 millones de los fondos del Estado. Hay 30 exfuncionarios, familiares y cercanos de Funes y particulares que también son acusados de haber participado en ese hecho.
Abogados de los acusados explicaron que el juez cumplió con el artículo 8 del Código Procesal Penal que señala que, en ningún caso, podrán sobrepasar la pena o medida máximas previstas en la ley ni exceder el plazo de 24 meses (dos años) en detención provisional para delitos graves, so pena de incurrir en responsabilidad penal.
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“Ha sido apegado a derecho desde cualquier punto de vista, ya que se han vencido los plazos y obviamente estas personas podrán gozar de su libertad y van hacer efectivas a partir de mañana (este día)”, dijo Rolando Aparicio, uno de los defensores.
Sin embargo, ellos podrán recuperar su libertad siempre y cuando designen a una persona de confianza que se haga responsable de hacerlos comparecer a las diligencias que requiera el referido juzgado, según la decisión judicial.
Si los acusados que han sido beneficiados no se presentan a las audiencias o diligencias programadas en el proceso, entonces podrían incurrir en responsabilidad penal y les podrían abrir otro proceso judicial por distinto delito.
Antes de que el juzgado ordene que los seis imputados sean dejados en libertad, el juez verificará quiénes son las personas que han sido designadas por los beneficiados y el lugar donde se encontrará una vez se cumplan las medidas que ha acordado el juez.
En el caso de Miguel Menéndez conocido como Mecafé, y los exempleados de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez, también les suspendieron la detención preventiva en este caso, pero como tienen otras causas judiciales seguirán detenidos.
Rodríguez Arteaga fue condenado a cinco años de prisión tras confesar haber participado en el robo de $300 millones de las arcas del Estado en la Presidencia de Elías Antonio Saca. Pablo Gómez recibió 16 años de prisión por el mismo caso tras rechazar un juicio abreviado.
Mecafé es acusado junto al expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, y Mauricio Funes de haber recibido sobornos de la empresa constructora Astaldi para favorecer el trato directo millonario con esa compañía por la construcción inconclusa de la presa El Chaparral. También son acusados José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini, representantes de Astaldi.
Menéndez también es señalado de haber evadido $227,537 en impuestos al no lograr justificar un incremento patrimonial de $2,366,950, cuando era presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), entre 2009 y 2011, en el gobierno de Funes.
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La diligencia se suspendió en la tarde del martes porque los abogados pusieron un recurso en la Cámara de lo Penal. En este proceso se acusa al exmandatario prófugo y a 30 personas más de desviar $351 millones y divulgar el ROS.