Alrededor del mundo, el 28 de junio marca la fecha en que las poblaciones LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales) conmemoran su “día del orgullo”, en el que recuerdan y honran a quienes han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, pero también celebran su identidad. Es, de alguna forma, una reivindicación tras mucho tiempo de marginación, discriminación y ataques.
Este evento va tradicionalmente acompañado de un desfile del orgullo y San Salvador no es la excepción. Año con año, esta comunidad y sus aliados recorren la capital para repudiar las agresiones y abrazar la apertura que, si bien va a paso lento, se va dando.
Este año, sin embargo, la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento para evitar contagios Por tanto, esa oportunidad de posicionar con fuerza al menos una vez al año esta discusión se vio mermada.
Por ello, El Diario de Hoy conversó con Erick Iván Ortiz, reconocido activista de la comunidad LGBTI, quien pintó un sombrío panorama político para esta población, que sigue chocando con gobernantes que no se atreven a condenar la discriminación y estructuras políticas que les cierran las puertas. Además, lamentó que la sociedad siga llena de prejuicios y mitos sobre su lucha. Sin embargo, Ortiz dio cuenta de una lucha que no se detiene.
Retrocesos
A pocos meses de una contienda electoral legislativa y municipal, Erick Iván Ortiz resalta de manera positiva que exista candidaturas LGBTI. Esta participación, dice, es necesaria “especialmente en un contexto de invisibilidad histórica. La representación es, sin lugar a dudas, de los eslabones que nos hace falta conquistar”.
Por ello, el joven activista aplaude la valentía de quienes buscan participar abiertamente a pesar de los retos como la discriminación y la estigmatización.
Ortiz lamenta que aunado a los conocidos retos sociales de la población LGBTI, se suma un valladar político del más alto nivel: “Tenemos un gobierno que es manifiestamente antiderechos, cuyos funcionarios han demostrado ser homofóbicos. Además, parte de las estructuras del partido con el que el presidente y sus funcionarios se identifican, Nuevas Ideas, se han mostrado homofóbicas”.
Este experto ilustra cómo personas vinculadas a este partido siguen dirigiéndose de forma despectiva a las personas LGBTI y cómo la sola “acusación” de pertenecer a este colectivo es causal de burla y descalificación. Además, denuncia que personas tan relevantes políticamente como el presidente de CEPA y expresidente de Nuevas Ideas, Federico Anliker, han usado la homofobia como forma de descalificación a adversarios.
Pero el reto no es solo retórico, añade. Los retrocesos en esta materia también se dan en el plano de las políticas públicas. Ahí, Ortiz ilustra principalmente la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social y la división de Diversidad Sexual, las cuales ayudaban a orientar las políticas públicas antidiscriminación.
También se derogó el decreto ejecutivo 56 que prohibía discriminaciones por orientación sexual e identidad de género y se desmantelaron las mesas de trabajo con diferentes ministerios.
“Ninguna organización LGBTI ha sido llamada por el nuevo gobierno, que ya lleva un año en el poder, y no se nos ha incorporado como sociedad civil para la difusión de la políticas públicas con enfoque diferenciado. Como personas LGBTI no podemos perder de vista el contexto en que nos toca desarrollarnos y este es adverso, pues tenemos un gobierno antiderechos”, lamenta.
Una agenda unificada
Dentro de la comunidad LGBTI hay mucha diversidad y necesidades y aspiraciones diferentes. Por ello, El Diario de Hoy consultó a Ortiz si hay apuestas prioritarios que han identificado.
La Federación Salvadoreña LGBTI, dice, ha identificado tres: una ley antidiscriminación, una de identidad y una de defensores de derechos humanos.
Hay otros temas, como la igualdad matrimonial, que se mantienen relevantes en su lista de exigencias, pero considerando el contexto salvadoreño, es prioritario garantizar que a las personas LGBTI no se les vulnere la vida, el acceso a servicios públicos, se pueda reconocer la identidad de las personas trans y estén resguardados ante abusos.
Sin embargo, la sociedad ha estigmatizado esta causa por mucho tiempo. Uno de los puntos que más se les critica es que buscan “derechos especiales”.
Ortiz lo desmiente de tajo y añade que buscan “tener una vida libre de violencia y discriminación, justicia para perseguir los crímenes de odio y que no haya impunidad, y un trato justo de las instituciones del Estado”. En resumen, “los derechos de todas las personas”.
Y agrega que estos traen un efecto “cascada”, en el que “la sociedad inclusiva deriva en una más justa porque todos tenemos las mismas capacidades de poder desarrollarnos como humanos con las mismas condiciones. Y si tenemos una sociedad inclusiva y justa, tendremos una pacífica, que es el gran anhelo de toda la sociedad salvadoreña”.
Activismo en tiempos de pandemia
En situaciones normales, esta falta de avances en materia de derechos de la población LGBTI habría sido expuesta y denunciada en una marcha, pero la pandemia del COVID-19 y las medidas de confinamiento lo han imposibilitado.
Pero este no es el único punto que ha afectado a esta comunidad en El Salvador. Algunos de sus miembros más vulnerables se han visto duramente golpeados por la crisis sanitaria y económica, además de las tormentas Amanda y Cristóbal.
Por ello, Ortiz habla de una sustitución de la gran marcha vistosa para dar paso a pequeñas marchas solidarias para llevar alimentos, láminas, medicamentos y otros bienes básicos a los más vilipendiados por las crisis actuales.