La organización social Acción Ciudadana pidió este lunes a la Asamblea Legislativa crear al interior del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un ente para fiscalizar los fondos de los partidos políticos.
Los representantes de dicha organización presentaron una propuesta de reforma legal para crear la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos en el TSE.
“El control del sistema de financiación de la política salvadoreña es sumamente débil y poco desarrollado, pues las capacidades de fiscalización del TSE son extremadamente limitadas”, señala la iniciativa.
El documento establece una serie de modificaciones al Código Electoral que necesitan al menos 43 votos de los 84 diputados para entrar en vigor.
Dicha unidad tendría entre sus funciones verificar que los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular “cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia, control financiero, acceso a la información y rendición de cuentas”.
La plataforma civil Acción Ciudadana también propuso que dicha unidad pueda “recibir, requerir, verificar y auditar la información contable y financiera que los partidos políticos, los candidatos de partidos y no partidarios están obligados a llevar”.
Esta mañana el @CentroMonitoAC de @CiudadanaAccio1 presentó una propuesta de reformas al Código Electoral.
Estas reformas comprende crear una Unidad de Fiscalización de los partidos políticos.
A la propuesta le dio iniciativa de ley @LeonardoBonia https://t.co/LrUhnOSf5V pic.twitter.com/xVXv30K4li— Centro de Monitoreo (@CentroMonitoAC) 24 de junio de 2019
La propuesta también establece que la Unidad de Fiscalización de Partidos Políticos vigile los “gastos de campaña electoral” y avise a la Fiscalía General de la República sobre “cualquier delito que se haya identificado durante los procesos de verificación o auditorías”.
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, aseguró en enero pasado en una entrevista con Efe que los partidos políticos salvadoreños son una “casa abierta” por la falta de controles rigurosos sobre sus fondos.
El analista señaló que esta situación podría permitir a los partidos recibir dinero ilícito o pagar por favores políticos a las pandillas.
La deuda política es un mecanismo establecido en la Constitución y la Ley de Partidos Políticos. Acción Ciudadana hizo meses atrás una valoración sobre cómo ha estado formado el financiamiento de los partidos políticos y encontró que el mayor porcentaje de financiamiento ha provenido de privados.
