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Los tres candados que el gobierno de Bukele usa para ocultar la información

Desde el inicio del Gobierno de Nayib Bukele, se han impulsado al menos tres acciones que pretenden ocultar información que debería ser pública.

Por Damaris Girón | Abr 10, 2022- 10:01

Instituto de Acceso a la Información Pública. Foto EDH / Archivo

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) entró en vigencia desde el año 2011. Junto a su aprobación, también nació el Instituto de Acceso a la Información pública (IAIP), que velaría por el cumplimiento de ese nuevo marco legal.

Desde su creación, la LAIP fue catalogada como la quinta mejor ley de acceso a la información pública del mundo y, durante años, funcionó como la herramienta para revelar casos de corrupción de funcionarios salvadoreños; sin embargo, desde la llegada del Gobierno de Nayib Bukele, esta ley no ha hecho otra cosa que debilitarse a pasos agigantados, hasta quedar casi sin fuerzas o impacto alguno. 

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Estos son los momentos relevantes de ese deterioro y algunas de las consecuencias de la fuerza que se le ha quitado a esta herramienta de transparencia.

El primer candado: Control

Uno de los primeros intentos por controlar el IAIP fue cuando Nayib Bukele nombró a Juan Carlos Turcios como comisionado representante de periodistas, en dicha institución. Turcios fue electo en medio de fuertes críticas por las irregularidades de su nombramiento y por su cercanía con el partido oficialista: Nuevas Ideas, ya que trabajó como director de comunicaciones del ministerio de Gobernación y era una persona de confianza del actual alcalde Mario Durán. Debido a la presión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), él mismo renunció, tres días después de su llegada a la institución. 

Pero los intentos por controlar el IAIP no se detuvieron ahí. El 11 de agosto de 2020 fue nombrado como Comisionado Presidente, Ricardo José Gómez Guerrero, quien después de más de un año en el cargo, demostró apoyar las estrategias del Gobierno de Nayib Bukele por mantener oculta información de interés.

Presidente Nayib Bukele junto a elementos de la Fuerza Armada. Foto EDH / archivo

En octubre de 2020, Ricardo Gómez, junto al comisionado suplente, Gerardo José Guerrero Larín, promovieron mantener bajo reserva la declaración patrimonial de Bukele. 

La investigadora Jessica Avalos, de Revista Factum, había hecho la solicitud de información en 2019, y pedía:

  • Declaraciones patrimoniales de los dos periodos en los que Bukele fue alcalde (uno en Nuevo Cuscatlán y otro en San Salvador).
  • Declaración de la toma de posesión del presidente, el 1 de junio de 2019 
  • Adendas (documentos que sirven para justificar la declaración patrimonial y demostrar que el dinero no ha sido obtenido de forma ilícita)

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió entregar la información de las declaraciones pero no entregar los datos de las adendas alegando que contiene datos personales privados.

Luego de una apelación presentada por Avalos, en junio de 2020, el IAIP revocó la resolución de la CSJ y resolvió que la información debía ser entregada a la solicitante; pero esto nunca ocurriría ya que en octubre del mismo año el presidente del IAIP, recién nombrado por Nayib Bukele, pidió que se votara en corte en pleno para revocar la sentencia que había sido emitida en junio. 

Otra comisionada que ha estado en la mira pública por sus vinculaciones con Nuevas Ideas es Roxana Soriano, quien fue candidata en las elecciones internas del partido oficialista para correr por una diputación por San Salvador. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC,) presentó la demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, para que la comisionada fuera suspendida. La demanda fue aceptada y desde mayo de 2021 fue separada temporalmente de sus labores. 

A pesar del evidente problema de interés, Soriano fue restituida en su cargo en junio de 2021, en un giro inesperado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que revocó su misma sentencia, asegurando que la medida cautelar había vulnerado su derecho de defensa y audiencia. En la resolución, la Sala también hizo un llamado a ALAC para evitar generar demandas que generan desestabilización social. 

Liduvina Escobar, excomisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, removida por Nayib Bukele. Foto EDH / Archivo

Los intentos por controlar la institución no solo pasan por nombrar emisarios a su interior, sino por quitar a los comisionados que puedan resultar incómodos. Eso sucedió con Liduvnia Escobar, quien desde febrero de 2021 denunció haber recibido ataques de parte de los comisionados afines al Gobierno, luego de una entrevista con un medio escrito, en donde exponía el retroceso en el trabajo del IAIP. Entonces, Escobar fue suspendida de su cargo de comisionada temporalmente y fue finalmente destituida en febrero de 2022. 

Segundo candado: Datos en reserva

Hasta octubre de 2021, al menos 15 instituciones de Gobierno habían declarado 281 casos de reservas de información que debería ser pública, esto significa que esas instituciones decidieron no revelar detalles como compras y adjudicación de proyectos millonarios. 

Una investigación realizada por la revista digital Gato Encerrado arrojó que las instituciones que más información han clasificado como reservada son el ministerio de Relaciones Exteriores, el ministerio de Educación y Casa Presidencial. 

Según la misma investigación, las principales causas que las instituciones alegan  para poner en reserva la información son: 

  1. Que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva.
  2. Que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país
  3. Que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativas en curso.

Algunos de los casos de reserva de información que más han destacado son: 

  • Plan nacional de Salud: 

La pandemia de COVID-19 hizo que todos los países compraran grandes cantidades de material de bioseguridad, medicinas y vacunas anti covid, sin embargo, en El Salvador todos estos procesos de adquisición se han mantenido bajo reserva. Un ejemplo es la compra de las diferentes vacunas anti covid, cuyos detalles fueron puestos en reserva por el Gobierno desde marzo de 2021 hasta por cinco años. Según el ministro de Salud, Francisco Alabí, los datos no han sido revelados porque las empresas farmacéuticas solicitan un acuerdo de confidencialidad para vender a los gobiernos.

La población salvadoreña no conoce cuántos fondos públicos ha utilizado el gobierno de Bukele para la compra de vacunas contra covid-19. / Foto EDH Archivo
  • Ayuda alimentaria durante la pandemia:

 En mayo de 2020, el ministerio de Agricultura y Ganadería puso en reserva, por un periodo de dos años, todos los documentos relacionados a las compras de productos básicos, que fueron distribuidos a las familias afectadas por la pandemia de COVID-19. Esta decisión fue duramente criticada, ya que además de no haber demostrado tener base legal para la medida, una auditoría de la Corte de Cuentas demostró que muchos de los productos fueron adquiridos a sobre precio. 

 

  • El diseño del viaducto Los Chorros

El Ministerio de Obras Públicas (MOP)  puso en reserva por cuatro años, el estudio de factibilidad y diseño final del viaducto Los Chorros, un proyecto que se prevé mejoraría la circulación vehicular en la zona. Será financiado por un préstamo del BCIE por $245.8 millones de dólares.

Obras de demolición en la Biblioteca Nacional. Foto EDH/ Menly Cortez
  • La compra de inmuebles para construir la nueva biblioteca nacional 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Cultura, declaró bajo reserva todos los documentos jurídicos relacionados a la compra venta de los terrenos, para la ejecución del proyecto de asistencia a la nueva Biblioteca Nacional,

 

Lo anterior significa que el Gobierno habría comprado cuatro inmuebles de los alrededores de la biblioteca para poder construir el nuevo edificio, sin embargo, no han detallado el costo de ninguna de esas adquisiciones.

 

Tercer candado: Reformas a la LAIP

La propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública fue hecha por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, en julio de 2021. La iniciativa que fue impulsada desde el Ejecutivo, busca reformar varios puntos y representan un grave retroceso en el acceso a la información. Algunas de las reformas son: 

 

  • Reservar de información oficiosa regulada en la LAIP

La información oficiosa es toda aquella que debe ser publicada por las instituciones, aún si nadie la ha solicitado. Por ejemplo, el salario de un funcionario público, su hoja de vida, el listado de asesores de cada institución, viáticos, entre otros. 

 

Esto también abre la posibilidad a que los informes de auditoría de la Corte de Cuentas sean puestos en reserva, y que si hubo irregularidades en alguna compra o adjudicación de proyectos se mantenga oculto. 

 

  • Ampliar los plazos para que las instituciones den respuesta a las solicitudes de información

En la reforma el plazo sería ampliado de 10 a 20 días para que las instituciones envíen los datos a los solicitantes.

 

Modificar los procesos de elección de comisionados del IAIP

Esta reforma abre la puerta para que el Ejecutivo pueda nombrar comisionados afines al partido oficialista, modificando plazos de convocatoria y atribuyendo más facultades al presidente del IAIP.

La propuesta de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, impulsada desde el Ejecutivo por Nayib Bukele, no ha tenido grandes avances fuera de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; para algunos expertos y diputados de la oposición, esto se debe al costo político que traería la aprobación de las reformas. 

Las reformas han sido incluidas en más de una ocasión en la agenda de las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo; sin embargo, siempre es eliminada y regresa a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 

Además, la reforma también busca sancionar a particulares que divulguen información reservada. Según expertos, este punto específicamente busca castigar a periodistas que, a través de sus investigaciones, revelen información que el Estado oculta a la ciudadanía.

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