Como un caso de matonería y de abuso de poder. Así calificó la diputada del FMLN, Marleni Funes, la remoción de la jueza Gladys Margarita Salgado, que hasta el 23 de diciembre fungió en el Tribunal Sexto de Sentencia, y fue enviada a otra sede judicial precisamente luego de no admitir la demanda interpuesta por la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, contra la investigadora Jeannette Aguilar.
“Esto no es más que un caso de matonería y de abuso de poder porque cualquier abogado de la república que se dedica al ejercicio libre de la profesión sabe que para que un juez pueda admitir los elementos de una demanda debe de admitir los elementos básicos para ser declarada admisible. La jueza, en base a su criterio, experiencia y legalidad decidió no admitir una demanda que a todas luces era más que todo un show publicitario para desviar los temas de interés del país”, dijo la legisladora ante la prensa este jueves.
“Decir que la cambian por otras razones es tapar lo que en realidad está pasando en nuestro país y esto es un mensaje para otros jueces que quieran pronunciarse en la misma línea de no obedecer al oficialismo”, agregó.
Al respecto, el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, aliado del partido Nuevas Ideas consideró “a mí me parece que es correcto lo que ha hecho la CSJ en removerla. Creo que ella no aplicó el derecho como debía, ojalá esta demanda se pueda replantear”.
Para la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, “este caso deja un precedente nefasto".
“No tengo duda que preocupa profundamente a toda la comunidad jurídica del país, abogados y abogadas, veamos realmente lo que está pasando, ya no hay garantías de que cualquier proceso que llevemos, si tocamos algún interés del oficialismo, van hacer todo lo posible porque ese acceso a la justicia nunca llegue y el trabajo de todos los abogados de este país ya queda dependiendo de un hilo”, advirtió.
“Añadió: “Hoy no tenemos ninguna garantía que cualquier caso que llevemos va a ser llevado de manera legal y apegado a derecho".
La legisladora también lanzó un llamando a la comunidad internacional y al relator de la independencia de jueces y abogados, Diego García Sayán, a pronunciarse sobre este caso.
“Se está viendo claramente que ante el capricho de una funcionaria que no procedía el delito se está presionando de una manera indebida a la jueza. Es un precedente nefasto y marca la pauta de lo que en adelante van hacer los procesos judiciales en El Salvador”, concluyó la diputada de Vamos.
La demanda fue interpuesta el 6 de diciembre del año pasado en el Centro Judicial Isidro Menéndez, y según la parlamentaria de Nuevas Ideas, Aguilar la difamó con una frase que la investigadora puso en redes sociales del expresidente uruguayo Pepe Mujica, en la que hace alusión al estilo de vida de los políticos.
Sin embargo, en diciembre pasado, luego de que la diputada Pineda interpusiera la demanda contra Aguilar, Marcela Galeas, abogada penalista, había adelantado que el caso no cumplía la tipología de la acusación que pretenden atribuirle a la investigadora “por citar un tuit”.
Añadió “no encuentro el por qué más que aquel elemento distractor que quieren realizar, porque no se cumplen los requerimientos, no hay una acreditación directa de menoscabo a su dignidad con esa cita”.