Abogados señalan que endurecimiento de medidas por incumplir cuarentena es inconstitucional

El presidente de la Asamblea anunció que se reunirá con los jefes de fracción y la comisión de crisis para evaluar ampliaciones del decreto de emergencia nacional y de suspensión de garantías constitucionales que pida el Ejecutivo.

Un grupo de personas fue retenida en el centro de San Salvador, cerca del parque Libertad. Foto EDH/ René Quintanilla

Por Eugenia Velásquez

Abr 08, 2020- 05:45

Tras el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de ampliar durante 15 días más la cuarentena domiciliar y endurecer las medidas de coerción hacia las personas que violen dicha medida, tales como permitir que policías y soldados puedan ejercer algún tipo de violencia física como “doblar la muñeca” del ciudadano o decomisarles el carro a quienes sin ninguna justificación salgan de sus casas; abogados constitucionalistas advierten que esas acciones son “ilegales”.

Añaden que eso es contrario a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó el pasado 27 de marzo, que aunque esté en vigencia el decreto de restricción de derechos constitucionales, ningún ciudadano puede ser enviado a centros de contención sanitarios por violar la cuarentena domiciliar, sino se documenta que tiene un nexo epidemiológico de riesgo de contagio del COVID-19.

“Lo que la Sala le ordena al Gobierno es que no debe llevar a la fuerza a nadie. Está incumpliendo una orden judicial. Es muy grave lo que dijo el presidente (Bukele) a qué se refieren las medidas. Eso es totalmente ilegal, está hablando el presidente y el mensaje que ha enviado a la Policía es terrible porque prácticamente les está diciendo: pueden hacer castigos físicos, eso me parece una aberración absoluta y para decomisar el carro no hay base legal para eso”, afirmó el abogado constitucionalista, Enrique Anaya.

Los operativos de policías y militares fueron realizados en diferentes municipios. Foto EDH/ David Martínez

De hecho, el abogado insiste en que el incumplimiento por parte del Gobierno se viene dando desde el pasado 27 de marzo en que la Sala emitió su resolución de Hábeas Corpus a favor de tres mujeres que demandaron violación a sus derechos constitucionales de “libertad e integridad física” por haber sido detenidas sin justificación alguna cuando circulaban en Jiquilisco, Usulután, haciendo compras para abastecerse de alimentos.

Bukele expresó en cadena de radio y televisión la noche del lunes 6 de abril, que debido a la desobediencia de muchos salvadoreños de no respetar la cuarentena domiciliar se veía obligado a ordenar a las fuerzas de seguridad que sean más duros con las personas que no acatan las medidas de restricción.

“Quiero anunciar que vamos a extender por 15 días más la cuarentena domiciliar obligatoria, con las mismas restricciones y seremos más duros con quienes la incumplan”, afirmó Bukele y en el acto ordenó a los funcionarios del Gabinete de Seguridad ejercer más presión desde la noche del lunes.

Desde entonces la Policía contabiliza más de 150 personas retenidas y enviadas a centros de contención. San Salvador y San Miguel son los sitios en donde más detenciones se han registrado.

Anaya hace una acotación sobre el “miedo” y la coacción que el mandatario ejerce sobre los ciudadanos para que no salgan de sus casas.

“El presidente maneja a las fuerzas de seguridad, todos los salvadoreños vamos a tener temor que nos enviarán a un lugar en donde podemos contraer el virus”, reflexiona Anaya.

El abogado constitucionalista y también diputado del PDC, Rodolfo Parker, agrega que al Gobierno le hace falta diseñar un plan en donde incluya a la academia y al sector privado para que las cosas funcionen.

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“Que no sólo pretenda andar amenazando con doblar muñecas y con mandar a la gente a que se contagie a centros de detención, porque ya no son centros de contención, en vez de estar haciendo eso que elabore un plan inteligente, que cumpla con su mandato”, acotó el diputado Parker.

También señaló que para aplicar la cuarentena domiciliar el Gobierno necesita de extender el decreto de excepción, por el cual el PDC no votó, pero que estarán atentos a la solicitud de Bukele de ampliarlo, así como el de emergencia nacional.

A la fecha, de los 71 casos confirmados por el Gobierno de personas positivas al COVID-19, la mayoría han salido de los albergues en personas que vinieron del extranjero.

La Policía incrementó los operativos. En el centro de San Salvador se varias personas fueron detenidas y enviadas a centros de contención. Foto: René Quintanilla.

Hay otro factor que los abogados miran en el marco de la restricción de las garantías constitucionales de los salvadoreños y tiene que ver con la actuación de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía en la observancia de lo que dicta el decreto de restricción de derechos constitucionales aprobado por la Asamblea y el fallo positivo de la misma Sala ante demandas de Hábeas Corpus.

El abogado Anaya como el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, coinciden en que la Sala debería de emitir una resolución para darle continuidad al cumplimiento de su fallo.

“La Sala debe dar cumplimiento al seguimiento de su resolución. La Sala ya emitió resolución, si hay nuevas medidas ordenadas por el presidente (Bukele) con el decreto o reforma a decretos, el llamado a determinar si su resolución ha sido cumplida o no es la Sala”, manifestó el exmagistrado González.

Al respecto, se pronunció ayer la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en una carta abierta a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, haciendo ver “que se siguen propiciando prácticas sistemáticas y reiteradas de violación a derechos fundamentales por parte de autoridades del Gobierno. Incluso, cada vez más las órdenes de agentes de autoridad parecen estar por sobre la Constitución y son claras invitaciones a cometer violaciones a los Derechos Humanos de la población”.

Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), advierte que “las detenciones que se han estado haciendo por supuestamente violentar la cuarentena son inconstitucionales”.

Agrega el abogado que la sanción por incumplir dicha medida es una multa que está contemplada en el Código de Salud. “No quiere decir que no haya que cumplir las cuarentenas, estas son necesarias y qué bueno que se han declarado, pero no puede ser la sanción una detención, porque las sanciones tienen que ser de acuerdo a la Constitución, plasmadas en una ley. Una privación de libertad no puede estar en un Decreto Ejecutivo”, razonó Castro.

Nidia Díaz, jefa de fracción del FMLN, explicó que están considerando incluir en el decreto de emergencia un apartado que establezca multas por faltar a la cuarentena domiciliar. (Ver nota aparte).

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, manifestó en su cuenta de Twitter que se está comunicando con los diputados que integran la comisión de crisis para evaluar ampliaciones del decreto de emergencia nacional y ver la posibilidad de convocar a una plenaria extraordinaria, dependiendo de la solicitud que haga el presidente Bukele.

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