Las recientes declaraciones del procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, de que la democracia no está en riesgo en el país, han dejado perplejos a abogados que observan en su actitud de “complicidad” con el gobierno de Nayib Bukele, siendo que anteriormente Tobar era uno de los que más denunciaba las violaciones del actual gobierno a los derechos humanos durante la pandemia y a la institucionalidad democrática.
“Desde que yo comencé a estudiar me acuerdo que nos dijeron que la democracia es la expresión de las mayorías y nos decían que es el poder del pueblo”, argumentó Tobar en la entrevista del Canal 21 al ser consultado sobre que las organizaciones de la sociedad civil señalan que existe en El Salvador un deterioro democrático.
Tobar justificó que es el pueblo quien con su voto le dio el poder a Nayib Bukele y la mayoría calificada en la Asamblea en las elecciones de 2019 y 2021. “Es la expresión del pueblo en el Ejecutivo y el Legislativo ¿por qué tendríamos que decir que desapareció la democracia o que se afectó la democracia? si es la población”, enfatizó Tobar.
Esto viene después de que Tobar se mantuviera en silencio durante meses ante las políticas aplicadas desde el Ejecutivo que han sido cuestionadas por las organizaciones de la sociedad civil de atentar en contra de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática.
Según abogados consultados por El Diario de Hoy, la posición adoptada por Tobar no se debe a que le esté dando el beneficio de la duda al gobierno de Bukele en su actuar, pues señalan que lleva desde 2019 implementando medidas que han sido también objeto de cuestionamientos por el mismo Tobar durante lo más álgido de la pandemia.
“Él mismo también denunció durante la pandemia algunos de los abusos a los derechos humanos cometidos por el Gobierno. Incluso denunció tratos crueles e inhumanos a personas detenidas ilegalmente durante la cuarentena (que por cierto a esta fecha siguen impunes), abusos de la Policía y las Fuerzas Armadas, ocultamiento de información sobre las medidas adoptadas por el gobierno, detenciones arbitrarias y otras violaciones”, aseveró José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
En mayo de 2020, periodo en que El Salvador vivía una cuarentena obligatoria a raíz del Covid-19, Tobar salió al paso de los “abusos” que se cometían en contra de los ciudadanos que osaban violar dicha medida, perpetrados en su mayoría por efectivos militares y agentes de la Policía que tomaron el control de las calles debido a la declaratoria de emergencia decretada por la Asamblea por la pandemia que azotaba al mundo y que hasta hoy continúa sus secuelas.
Los salvadoreños que eran sorprendidos en la calle violando la cuarentena obligatoria eran llevados a centros de contención, acción que en palabras de médicos especialistas los volvieron en centros de contagio acelerando la proliferación del virus entre los que eran llevados a la fuerza sin antes comprobar científicamente con pruebas que eran un peligro para la salud de los demás.
En su momento Tobar calificó esta medida de “abuso de poder” y de violatoria a los derechos humanos, incluso, dijo que iba en contra de la Constitución.
Con apenas tres meses de pandemia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya acumulaba 549 denuncias de violación a la libertad personal, todas registradas entre el 20 de marzo y el 13 de mayo de 2020.
En ese periodo la anterior Sala de lo Constitucional que fue desmantelada el 1 de mayo por la Asamblea dominada por Nuevas Ideas, bancada que está al servicio de Bukele, emitió sendas resoluciones ordenando la suspensión de medidas atentatorias contra la libertad personal de los individuos, mismas que no fueron del agrado del gobierno.
En el decreto emitido por la presente legislatura de destitución de los magistrados se hace mención que esas sentencias fueron parte del detonante para que la Asamblea actual los sacara del máximo tribunal.
El Procurador de Derechos Humanos cuestionó que el gobierno desacreditara el trabajo de la PDDH y de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional durante la emergencia sanitaria, señalando que esas acciones evidenciaban una “especie de quebrantamiento al sistema democrático y a la institucionalidad misma”.
Por eso es que ahora Marinero se pregunta: ¿qué ha pasado con Tobar? quien mostró el pasado lunes en una entrevista televisiva una retórica totalmente distinta a la que había venido promulgando acorde a su cargo. Al abogado no le queda duda que son “contradictorias e inconsecuentes”.
“Con sus declaraciones y su evidente silencio estos últimos meses, el procurador está haciendo un profundo daño a la credibilidad de la institución que dirige y esto es particularmente grave cuando la mayoría de controles al poder político han desaparecido en el país”, lamentó Marinero.
Ruth Eleonora López, abogada del área de anticorrupción y justicia de Cristosal, fue más allá de sus críticas. Señaló que el procurador “o no sabe qué es democracia o es la declaración de un funcionario que cuida más el salario que devenga que el ejercicio de la función que le fue encomendada y juró cumplir”.
En cambio Marinero por su parte prefiere creer que Tobar aún está a tiempo de reparar su proceder, de la única forma que puede hacerlo, que es cumpliendo con su mandato constitucional: “es decir, velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía. El procurador no puede mostrar tibieza frente al acelerado retroceso democrático que no es otra cosa que el retroceso de los derechos humanos. A estas alturas eso sería complicidad con un régimen claramente antidemocrático”, cuestionó Marinero.
Mientras que la experta en derechos humanos Celia Medrano ve con tristeza que a 30 años de la firma de la paz instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que fueron creadas en el marco de hacer valer los derechos humanos ante instancias estatales se vea reducida a una “débil instancia que sobrevive al poder de turno”.
El Diario de Hoy buscó la reacción del procurador Tobar ante las críticas sobre el cambio de su postura ante lo que antes denunciaba y que hoy ya no, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Cabe destacar que las funciones del actual funcionario culminan en octubre de 2022, por lo que la Asamblea deberá iniciar dentro de poco el proceso de elección del nuevo titular de la PDDH.