La posición de las autoridades acerca de que las desapariciones de personas en El Salvador han disminuido; y que solo el 10 por ciento de quienes son reportadas como tal realmente lo están – como sostiene el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde – no es compartida por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca). En los últimos meses, este organismo ha dado acompañamiento y asesoría a los familiares de las víctimas.
El abogado de la institución, Arnau Baulenas, opina que la falta de registros fidedignos sobre el tema hace difícil dimensionar el fenómeno y a su vez imposibilita tomar acciones concretas. Él manifiesta que “de forma indiciaria” se puede advertir que las desapariciones van en aumento.
Cada mes, entre cuatro y ocho familias de personas desaparecidas acuden al Idhuca en busca de ayuda para dar con su paradero. El Instituto de Medicina Legal también es frecuentado a diario por gente que va con la esperanza de hallar a algún pariente extraviado.
Fiscalía registró en 2018 más de 3,500 casos de personas desaparecidas
Institución registró esta cifra entre el 1 de enero y el 18 de diciembre. Director de PNC niega que el dato sea real porque, según él, ninguna entidad del Estado tiene el consolidado exacto.
“No sabemos cuáles son los datos que utiliza el ministro para hacer este tipo de declaraciones, soy un poco aséptico en el sentido de que esto sea realmente así. Si no tenemos registros, en base a qué dio esta información. No sé si simplemente son apreciaciones que ellos tienen o tienen un subregistro que desconocemos”, cuestiona Baulenas.
La creación de “Protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador” que anunció semanas atrás la Fiscalía General junto con otras instituciones, en cuyos objetivos está unificar los datos sobre desaparecidos que manejan las diferentes instituciones de seguridad, es para el delegado del Idhuca la prueba “fehaciente de que no existe un control real de personas desaparecidas”.
También revela que no existe un criterio uniforme entre las instituciones para abordar el problema de las personas desaparecidas, ya que algunos se refieren a las víctimas como “personas privadas de libertad” y otros como “desaparecidas”. A su juicio, eso evidencia que “ni autoridad pública tiene claro de cómo actuar”.
“Hemos encontrado un cadáver, puede ser que sea su hijo”
Mientras continúan las investigaciones sobre los más de 10 mil desaparecidos, las familias siguen sin recibir tratamiento psicológico o atención que les permita cerrar el ciclo de duelo. “¡Yo ya no quiero vivir!”, dicen a Israel, algunas madres
Baulenas matiza que cualquier esfuerzo que unifique criterios y ayude a las víctimas bajo un enfoque de derechos humanos es positivo. Él sostiene que el Idhuca recibe la noticia del Protocolo con satisfacción ya que demuestra que hay un esfuerzo institucional por buscarle salida al problema, pero también “con mucha cautela” porque habrá que ver si las instituciones dispondrán de suficientes recursos humanos y financieros para aplicarlo.