“Volver lo público a privado es fácil, pero privado a público tiene una serie de protecciones constitucionales. La Constitución prohíbe la confiscación, entonces si el gobierno quiere tomar control de los fondos (Pensiones) para que ya no sean de los trabajadores, sino que sean del gobierno, se mete en un verdadero problema legal porque constitucionalmente la Carta Magna no prescribe y el funcionario que la haga responde de por vida por los daños que causa.”
Así lo advirtió este miércoles el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo en la entrevista matutina del canal TVM donde hizo un análisis jurídico en relación con la propuesta de reformas que ha anunciado Nayib Bukele que enviará a la Asamblea Legislativa en los próximos días.
El abogado explicó que “el Estado está en problema de crisis fiscal y necesita dinero, entones, ha visto como una posibilidad un fondo que tiene un valor de $12 mil millones (pensiones) y que ahí hay una fuente donde él puede sacar dinero”.
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Sin embargo, aclaró que para eso necesita varias cosas. En primer lugar, deberá suprimir el sistema de las AFPs, en ese punto destacó que las AFPs no son los dueños de las pensiones sino simplemente administradores de cuentas de ahorro.
Explicó que las necesitan suprimir para llegar hasta las cuentas de los trabajadores y luego esas cuentas de los trabajadores serían trasladadas a un fondo nacional.
El abogado no dudó en señalar que “ahí hay un problema constitucional importante que el Estado no puede obviar, la Constitución prohíbe la confiscación, es decir el Estado no puede quitarle a un particular algo que sea de él sin pagárselo”.
Añadió: “Las cuentas individuales son cuentas de los trabajadores, si el Estado se las trata de quitar y pasar a un fondo general, ahí les está confiscando el dinero. Es decir, no es el tema de la administradora de fondos de pensiones si no de cada cuenta individual”.
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El constitucionalista destacó que a este tema hay que “tenerle una gran precaución”. “Así que cuidadito los que aprueban una confiscación de las cuentas de los trabajadores porque ya ve que hoy están en el poder, pero en dos años no están. Entonces vamos a tener una sección 9 ampliada”, consideró.
Además, enfatizó que “no es fácil pasar estas cuentas a lo público” en el sentido que la regla de la expropiación establece que tiene que pagar en un valor equivalente y en valor presente el valor de la cuenta que le está quitando.
“O sea, lo que el gobierno tendría que hacer es emitir bonos por $12 mil millones y pagarle a cada trabajador con un bono el dinero que le está pasando”, explicó y agregó seguidamente: “Eso no le hace sentido”.
A su juicio, lo mejor es buscar soluciones intermedias. Una alternativa podría ser expropiar el sistema de AFPS y seguir con el sistema de cuentas individuales; otra podría ser cambiar la regulación del uso de los fondos del fondo de los trabajadores y que la emisión de la deuda tenga una estructura que le permite aliviarle al Estado la carga fiscal y que, además, permita las pensiones de los trabajadores.
“Todo eso se puede trabajar, ahora si la cuestión es ideológica y es ‘voy a destruir las AFPS’ pues eso es una cuestión ideológica, ya no es un tema técnico, pero el problema como le digo no son las AFP, son el tema de la propiedad en la cuenta”, concluyó.
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